Irma Galindo Barrios, de 41 años de edad y defensora del medio ambiente en el estado sureño mexicano de Oaxaca, se encuentra desaparecida. Fue vista por última vez el 27 de octubre en Ciudad de México, a donde viajó para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero nunca llegó al encuentro.
“La defensora llevaba resguardándose por su cuenta desde 2019 a falta de mecanismos de protección estatales”, advirtió en un comunicado la organización Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México.
El 27 de octubre también fue el último día en el que Galindo Barrios denunció en las redes sociales el conflicto que vive su pueblo Ñuu Savi, en la mixteca oaxaqueña. La activista señaló que el gobierno del Estado de Oaxaca lleva más de dos años “‘aplicando estrategias” como el “desplazamiento forzado”.
Además, días antes de su desaparición hubo un ataque armado contra varias comunidades pertenecientes a San Sebastián Atatlahuca, en Oaxaca y, según los medios, una persona fue asesinada y cuatro desaparecieron.
Amenazas de muerte
La organización defensora de los derechos humanos explica que desde 2018, la activista sufre intimidaciones, hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte por su defensa de los bosques en San Esteban y por sus denuncias de tala ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat).
“A pesar de estos antecedentes de múltiples agresiones, el análisis de riesgo de la defensora Irma fue calificado por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como ‘ordinario’, lo que significa que ‘puede esperar’ y que ‘su vida no corre peligro'”, denuncia.
La red de derechos humanos exige a las autoridades que abran una investigación “rápida e independiente” que “garantice su aparición con vida”.
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2020 al menos 18 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinados, además de registrarse 65 ataques y 90 agresiones.
“Luego de ocho años de registro, documentación y visibilización de las agresiones perpetradas contra las defensoras y los defensores ambientales, el CEMDA confirma que la violencia estructural, sistemática y generalizada que se vive en México continúa impactando los derechos humanos de quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio”, señala.
