Casi 200 países aprobaron este sábado 13 de noviembre en la COP26 acelerar la lucha contra el cambio climático y esbozar las bases de una futura financiación, sin garantizar sin embargo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a +1.5ºC.
El Pacto de Glasgow por el Clima propone que los Estados miembros presenten a finales de 2022 nuevos compromisos nacionales de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero, tres años antes de lo previsto, aunque “teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales”.
La aprobación del acuerdo quedó deslucida por la oposición de último minuto de India y China a un párrafo sobre la necesidad de eliminar la dependencia del carbón, y para acabar con los subsidios a los combustibles fósiles.
Con 24 horas de retraso sobre la agenda, la COP26 aprobó un texto que abre el paso a consultas formales para crear fondos de financiación y para estudiar posteriormente los daños y pérdidas de los países más vulnerables.
El documento no contiene fechas exactas, ni montos. “Lo que este texto está intentando hacer es tapar agujeros y echar a andar un proceso”, en especial en el tema de las finanzas para adaptación a los efectos del cambio climático, es decir para prepararse ante lo que viene, explicó Helen Mountford, del World Resources Institute.
“Es tímido, es débil y el objetivo de 1.5ºC apenas sigue vivo, pero se manda una señal de que la era del carbón está acabando. Y eso es importante”, reaccionó por su parte Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace.
Los países en vías de desarrollo, los más afectados por el calentamiento del planeta, pelearon hasta el final con uñas y dientes para lograr avances en materia de dinero, con un resultado discreto.
Las decisiones de la COP se logran por consenso, y Glasgow no fue una excepción, con exhaustivas negociaciones hasta el último minuto en la misma sala de la asamblea plenaria, con los delegados de pie, documento en mano.
El enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, su homólogo chino, Xie Zhenhua, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, iban y venían, saltaban de un grupo a otro, sobre un texto que finalmente fue aceptado a regañadientes, aunque con duras críticas de parte de India.
El pacto “urge a los países desarrollados a duplicar como mínimo sus contribuciones colectivas para la adaptación de los países en desarrollo, en base a los niveles de 2019, de aquí a 2025″.
Los bancos multilaterales deberán colaborar en la tarea, y el texto también pide “políticas innovadoras” para atraer los capitales privados.
Pero los países ricos no han podido regularizar los 100,000 millones de dólares anuales que supuestamente tenían que recibir los países vulnerables desde 2020. Y esa cifra era tan solo una base.
El texto reconoce y “lamenta profundamente” esa situación, que urge remediar de aquí a 2025.
Los países en desarrollo quieren que el dinero que vayan a recibir a partir de ahora sea, en líneas generales, repartido a partes iguales en mitigar el cambio climático (reducir las emisiones de gases de efecto invernadero) y en adaptarse a lo que se viene (por ejemplo, mediante presas, diques en las costas, etc.).
“Por primera vez se acordó un objetivo de financiación para la adaptación”, se felicitó Gabriela Bucher, de Oxfam.
