La cancillería cubana acusó el miércoles al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de una manifestación opositora, que las autoridades declararon ilegal, durante una reunión con cientos de diplomáticos acreditados en la isla.
La marcha, prevista para el lunes próximo, coincidirá con la reapertura del país tras 20 meses de paralización por la pandemia del nuevo coronavirus.
“No vamos a permitir de ninguna manera que la agresión permanente de Estados Unidos… de generar condiciones de subversión interna… nos vaya a aguar la fiesta”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ante el cuerpo diplomático en la isla.
Cuba permitirá desde el 15 de noviembre el regreso paulatino de los vuelos comerciales, la presencialidad escolar, la flexibilidad en el transporte y los permisos para que el comercio abra sus puertas sin restricciones, salvo las medidas de protocolo sanitario como la utilización de tapabocas.
Los casos de COVID-19 diarios bajaron drásticamente en las últimas semanas gracias a un plan de vacunación masiva.
Según el canciller, la manifestación es una “operación” del gobierno y funcionarios de Estados Unidos. Aseguró que las sanciones a Cuba buscan asfixiar a la isla, generando un estallido social para luego presentar al país como un “Estado fallido”, sin importar “el sufrimiento” ocasionado a la población.
Entre los diplomáticos que estaban en la sala durante la presentación del canciller no se registraron representantes de la sede diplomática de Estados Unidos, abierta desde 2015 pero prácticamente paralizada desde el gobierno de Donald Trump.
Los organizadores de la marcha rechazan estar financiados u orientados desde algunos grupos de interés o del gobierno de Estados Unidos y sostienen que buscan expresar sus diferencias de manera pacífica.
Rodríguez indicó a manera de ejemplo que sólo en septiembre organizaciones de Florida que impulsan el activismo en Cuba recibieron seis millones de dólares.
La marcha es una suerte de continuidad de otras realizadas el 11 y 12 de julio que sorprendieron al propio gobierno y se realizaron sin una organización clara. Miles de personas se lanzaron entonces a las calles con demandas tan variadas como el fin de las colas, el desabastecimiento y los apagones hasta cambios en el gobierno.
Rodríguez sostuvo que no se permitirá la marcha o que se use a la nueva constitución -los manifestantes argumentan que la nueva carta magna los habilita a expresarse públicamente- para una manifestación que busca destruir a la revolución.
