Donald Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de completar su obra de reconfigurar a los Estados Unidos, una transformación que está realizando a base de órdenes ejecutivas a un ritmo endiablado; tanto, que ha batido el récord histórico de decretos en los primeros 100 días de mandato.
En este segundo mandato Trump estampó su firma con rotulador grueso en 142 órdenes ejecutivas, más que cualquiera de sus predecesores en este período, según el recuento del American Presidency Project, de la Universidad de California en Santa Barbara.
«Firmaré unas órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones, empezaremos a completar la restauración de EE.UU. y la revolución del sentido común», dijo el republicano en su discurso de investidura, el 20 de enero.
Era la confirmación de que, al igual que en su primer mandato, Trump ve en los decretos la principal herramienta de gobierno, y lo empezó a aplicar desde el inicio: el primer día, tras llegar al Despacho Oval, firmó 26 órdenes ejecutivas, entre ellas algunas sobre inmigración, energía o el indulto a cerca de 1.500 personas encausadas por el asalto al Capitolio de 2021.
Su idea de gobernar a base de decreto se ha encontrado de nuevo, como ya le pasó en su primera etapa en el poder, con el freno de la justicia estadounidense.
Varias de sus órdenes ejecutivas, desde la de congelar ayuda humanitaria internacional hasta la prohibición de soldados transgénero en el ejército, pasando por la eliminación del medio público Voice of America o su intento de quitar el derecho a la nacionalidad estadounidense por nacimiento –esta última llegará al Supremo en mayo–, han sido bloqueadas en los tribunales.
Reducir el Gobierno federal
El principal foco de los deseos de Trump fue la reducción del Gobierno federal, una promesa electoral que se materializó con la creación del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), supervisado por el milmillonario Elon Musk con la misión de recortar el gasto público.
La mayoría de sus órdenes ejecutivas se ciñen a este ámbito, con decisiones como la congelación de la contratación de funcionarios, el desmantelamiento de agencias federales, o la cancelación del 83 % de los programas de ayuda exterior y desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
