La situación en la zona núcleo de Olancho, Honduras, ha despertado gran preocupación debido a los desalojos forzados que afectan a comunidades campesinas e indígenas, muchas de las cuales han habitado estos territorios por generaciones.
La falta de transparencia en los procedimientos, así como denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades y actores privados, subrayan la necesidad urgente de una supervisión internacional que garantice el respeto a los derechos humanos fundamentales y al debido proceso legal.
«Solo nos quedan las instancias internacionales, porque con el gobierno jamás hemos podido entendernos, la UE será la primera en saberlo para que tomen conocimiento sobre los atropellos que hemos recibido», destacaron.
En este contexto, la presencia de representantes de la Unión Europea y organismos internacionales de derechos humanos es crucial para prevenir abusos, documentar violaciones y brindar acompañamiento a las poblaciones vulnerables.
Su intervención no solo aportaría legitimidad a las denuncias, sino que también enviaría un mensaje claro sobre la importancia de proteger los derechos de las comunidades frente a intereses económicos o políticos que ponen en riesgo su seguridad, dignidad y medio de vida.
