El juez a cargo de la Corte de Distrito de DC, James Boasberg, dijo este viernes que existe «causa probable» para iniciar un procedimientos contra los funcionarios del gobierno de Donald Trump que desacataron su orden del 15 de marzo de no expulsar a venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
«La corte determina en última instancia que las acciones del gobierno ese día demuestran un desacato deliberado a su orden, suficiente para que la corte concluya que existe causa probable para declarar al Gobierno en desacato penal», se lee en el memorando publicado este miércoles por Boasberg.
El juez explica que no llegó a la conclusión de forma «ligera o apresurada», sino que dio «amplia oportunidad» a los acusados «para rectificar y explicar sus acciones»: «Ninguna de sus respuestas han resultados satisfactorias», se lee.
En su opinión de 46 páginas, Boasberg asegura que a pesar de que la decisión de la Corte Suprema dejó sin efecto su orden de bloquear las expulsiones a El Salvador por «defectos legales», todas las órdenes judiciales emanadas por una corte deben ser obedecidas. «Si una parte elige desobedecer la orden —en lugar de esperar que se corrija a través de un proceso judicial— esa desobediencia es castigable como desacato», insiste.
«La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales», reclama. «Permitir que dichos funcionarios anulen libremente las sentencias de los tribunales de los Estados Unidos no solo destruiría los derechos adquiridos en virtud de dichas sentencias, sino que constituiría una burla solemne de la propia Constitución».
En su recuento de hechos, Boasberg asegura que el 15 de marzo el gobierno de Trump expulsó a venezolanos en un procedimiento que avanzó «más rápido que los procedimientos judiciales en los que participaba activamente».
