Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción Dictó Detención Judicial a tres ex empleados del Congreso Nacional, Carlos Roberto Aviléz, Cinthia Marcela Oyuela y José Rolando Perdomo, por suponerlos responsables de Sustracción, Destrucción, Ocultamiento o Inutilización de Documentos en Custodia, Daños a Datos y Sistemas Informáticos.
Se programa la audiencia inicial para el jueves 23 de enero a la 1:00 pm
En audiencia exempleados del CN, acusados por destrucción de documentos claves del Fondo Departamental
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presenta requerimiento fiscal contra Carlos Roberto Avilez Moncada, exdirector financiero del Congreso Nacional (CN), Cinthya Marcela Oyuela Brizzio, exgerente administrativa y José Rolando Perdomo Cruz, expagador especial del departamento de Pagaduría.
Los imputados están acusados de los delitos de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia y daños a datos y sistemas informáticos, para encubrir supuestas irregularidades cometidas durante el período 2018-2022.
La investigación determina que los imputados entre noviembre de 2021 y enero de 2022 sustrajeron documentos de los departamentos de Pagaduría, Contabilidad y Dirección Administrativa del CN, trasladándolos a viviendas particulares bajo el argumento de protegerla de la administración entrante (2022-2026), sin embargo, el fin era destruirla, ya que esta documentación contenía soportes contables, financieros y pagos.
Está información que contenía evidencias de supuestas irregularidades cometidas fue destruida, incluso una parte fue quemada en una propiedad vinculada al exdirector financiero donde también se encontraron sellos y documentos pertenecientes a Casa Presidencial.
Además, como resultado de un análisis forense, se concluye que varios discos duros fueron manipulados, formateados y sustituidos. También los acusados ordenaron la transferencia de información a dispositivos externos, como USB, e instalaron nuevos sistemas operativos con el fin de eliminar información financiera, como parte de un plan deliberado para obstaculizar futuras investigaciones y garantizar impunidad de exfuncionarios que en el pasado administraron fondos en ese poder del Estado.
Está doble maniobra de destrucción material y digital demuestra la gravedad de los delitos cometidos; es inaceptable que aquellos en quienes se deposita la confianza del pueblo utilicen sus cargos para destruir evidencia de su mala gestión. Por tanto, todos los poderes del Estado deben tener claro que la acción penal será implacable frente a cualquier intento de repetir estas prácticas nefastas y así evitar que se conviertan nuevamente en escenarios de impunidad.
