«Vendieron nuestro futuro», clamaban este miércoles miles de jóvenes panameños mientras abarrotaban las principales calles de Ciudad de Panamá para exigir la derogación del reciente contrato aprobado con una minera canadiense, una protesta que culminó con fuertes enfrentamientos con la policía.
A golpe del característico «pailazo» (golpear una cacerola) y al ritmo del tamborito, los manifestantes marcharon durante esta tercera jornada de protestas desde la avenida marítima, pasando por la emblemática Calle 50 y la sede de First Quantum Minerals (FQM), la minera canadiense con la que se aprobó ese polémico contrato.
«Rechazamos el contrato minero por todo el saqueo que se están llevando de nuestros recursos naturales y se los llevan al extranjero. No alcanza ni para pagar la planilla estatal», dijo a EFE la joven líder ambientalista, Camila Aybar.
Aybar explicó que «la mina está dentro del área del Corredor Biológico Mesoamericano, una de las áreas con más biodiversidad del mundo, y el contrato tiene una cláusula que permite a la empresa hacer lo que quiera siempre y cuando las leyes panameñas no le lleven lo contrario».
Muchos de esos jóvenes ataviados con el sombrero pintado, unas de las prendas más tradicionales, o con la blusa de la selección de fútbol aclamada en los últimos años, «salomaban», un grito común parte de la identidad cultural, y entonaban consignas como «el oro de Panamá es verde» y «Panamá vale más sin minería».
Durante toda la manifestación, la más masiva hasta el momento, sonó en repetidas ocasiones «Patria», del cantautor panameño Rubén Blades, una canción convertida en un himno popular por los manifestantes, que colmaron las principales arterias de la capital con banderas panameñas.
Los jóvenes piden principalmente la derogación del reciente contrato ley firmado por Laurentino Cortizo, que renueva una concesión a 20 años prorrogables a la empresa Minera Panamá, filial de FQM, para explotar una gran mina de cobre.
Esta renovación a 20 años prorrogable da grandes beneficios al país, según defiende el Gobierno, como el ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares al fisco, el pago de impuestos antes exentos, así como amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, entre otros.
«Nosotros como panameños no vamos a tener soberanía sobre el espacio donde la minera va a operar y prácticamente estamos regalando Panamá a estas concesiones», denunció el también líder ambientalista Marcos Santiago.
La manifestación, que transcurrió mayoritariamente de manera pacífica, terminó cerca de la casa del presidente del país, donde la policía lanzó hacia los manifestantes grandes cantidades de gas lacrimógeno, según pudo constatar EFE.
A pesar de los insistentes intentos de los manifestantes por no acabar en disturbios, el fuerte contingente policial que bordeaba la protesta tiró bombas lacrimógenas que inundaron la calle con una nube de gas, provocando una estampida masiva.
Centenares de manifestantes comenzaron una batalla campal con una lluvia de piedras además de bombas caseras.
Helicópteros sobrevolaron la protesta sobre la Calle 50, una situación que recordó a la crisis social durante la dictadura militar (1968 – 1989), época en la que esa histórica vía fue epicentro de las manifestaciones.
Las manifestaciones de esta semana han dejado algunos actos de vandalismo contra la propiedad pública, la rotura de la fachada de una de las sedes del Ministerio de Economía y Finanzas, o pintadas en las paredes del edificio de un gremio patronal.
«Estamos aquí como todos los días protestando para derogar la ley que fue inconsulta y que por ningún lado beneficia al panameño, salimos a protestar pacíficamente. Los actos vandálicos que han ocurrido durante la semana no pertenecen a los panameños patriotas que salen a las calles», declaró Santiago.
Las protestas en Panamá se han intensificado esta semana, después de que el pasado viernes el presidente firmara el contrato. Ayer el mandatario dio un discurso televisado haciendo un llamado a la «cordura», lo que ha generado más descontento popular.
Docentes, grupos indígenas y sindicatos, principalmente el más poderoso del país, el obrero Suntrac, y sociedad civil son parte de las protestas en todo el país, a las que se han sumado algunos médicos de la seguridad social.
Las manifestaciones han provocado cierre de carreteras y algunos puntos de la Interamericana, la principal del país, así como choques con la policía.
Los ambientalistas insisten en que este contrato mantiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el 2017, razón por la cual el Gobierno actual negoció durante más de un año un nuevo contrato con la minera.
