Los cinco ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México discutirán este miércoles un proyecto de despenalización del aborto en el estado de Aguascalientes, al analizar la constitucionalidad de los artículos que actualmente castigan con cárcel la suspensión del embarazo en ese estado, localizado en el centro del país.
El proyecto se desprende de una solicitud de amparo promovida por cuatro organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Aguascalientes, un estado que desde 1998 (cuando se dio la primera alternancia política) ha sido gobernado en cuatro de cinco períodos por el conservador Partido Acción Nacional.
De aprobarse el proyecto, Aguascalientes sería el estado número 13 en despenalizar el aborto en México. Además, sentaría un precedente nacional porque sería la primera vez que un grupo de colectivos consiguen la despenalización del aborto en una entidad, y el segundo ––después de Coahuila–– que lo consigue mediante una acción judicial ordenada por la Suprema Corte.
También sentaría un precedente para que grupos similares intenten esta vía en aquellos estados donde los congresos locales no han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo.
Angie Contreras, integrante del colectivo Cultivando Género, una de las cuatro organizaciones que promovieron el amparo, dijo que tomaron la iniciativa porque “conociendo este contexto, donde lograr que Aguascalientes despenalice el aborto es prácticamente imposible, tenemos que buscar las alternativas y ser lo más creativas posibles para lograr la despenalización”.
El ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara, encargado de redactar el proyecto de resolución que será discutido el miércoles, concedió el amparo a las demandantes, y de ser aprobado por al menos tres de los cinco ministros dejará sin efecto los artículos que castigan el aborto en cualquier etapa del embarazo con entre uno y tres años de prisión.
En su proyecto, González Alcántara fue más allá al proponer la retroactividad de la norma y dejar en libertad a las mujeres que, previo a esta resolución, hayan sido encarceladas por cometer el delito de aborto.
“No solo se deben dejar de aplicar en lo presente y en lo futuro a las mujeres y personas gestantes en Aguascalientes los preceptos y porciones normativas declaradas inconstitucionales en la presente ejecutoria, sino también esta declaratoria de inconstitucionalidad aplicará de forma retroactiva en beneficio de las mujeres y personas gestantes que, al momento de la publicación de la presente ejecutoria, se encuentren procesadas o condenadas por el delito de aborto”, se lee en el proyecto del ministro.
Riesgos e improcedencias
En tanto, organizaciones contrarias al derecho al aborto se manifestaron este lunes frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia, para pedir a los ministros que voten en contra del proyecto que despenalizaría la interrupción voluntaria del embarazo en Aguascalientes.
Los manifestantes dijeron que acompañaron su protesta con más de 8.500 firmas de la sociedad civil, recabadas a través de la plataforma digital Actívate.org.mx, y elementos jurídicos que, en su opinión, deben considerar los ministros para negar el amparo a las solicitantes.
Cecilia Urrea, gerente de campaña en Actívate.org.mx, dijo en entrevista con CNN que la solicitud de amparo es improcedente, debido a que las solicitantes no son las directamente afectadas. “Este caso debe ser desechado por carecer de interés legítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer no es directamente afectada, que es la persona que presenta directamente el amparo, se considera que la organización no tiene un motivo válido y genuino para estar involucrada en el caso”, agregó Urrea.
Este argumento fue valorado en una primera instancia por una jueza federal, quien desechó la solicitud de amparo de los colectivos por considerar que no eran parte agraviada. Fue entonces que recurrieron como segunda instancia a la Suprema Corte.
Urrea señaló que, debido a que ni la solicitud de amparo ni el proyecto del ministro hacen referencia a la etapa de gestación en que estaría permitido abortar, la dictaminación queda abierta a que en cualquier momento del embarazo la gestante pueda practicarse un aborto.
“Solo viene que se va a quitar prácticamente ese artículo donde establece el delito de aborto doloso. Hasta que no se cambie ese amparo… permite el aborto durante todo el embarazo”, dijo Urrea.
Angie Contreras negó que los colectivos estén pidiendo la despenalización del aborto en cualquier etapa del embarazo, y que, aunque la solicitud de amparo o el proyecto del ministro no lo digan, es claro que las autoridades estatales tendrán que reglamentar los tiempos permitidos.
Precedente nacional
El aborto en México está permitido en todo el país solo cuando el embarazo es producto de una violación, mientras que en 12 estados ha sido despenalizado por diferentes causales, de acuerdo con el registro de Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), una organización feminista y de derechos humanos.
En 2007, la Ciudad de México fue el primer estado que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Catorce años después, gracias a una acción de inconstitucionalidad promovida por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) ante la Suprema Corte en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Coahuila, se despenalizó el aborto en ese estado hasta las 12 semanas de gestación.
El fallo del tribunal fue considerado histórico porque sentó un precedente para el resto de las entidades que, como Coahuila, penalizaban el aborto.
Hasta ahora los estados de Oaxaca, Colima, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, Guerrero, Coahuila y la Ciudad de México han modificado sus códigos penales para sacar de la lista de delitos el aborto.
