En los últimos meses, más de 500.000 personas han llegado a México, la mayoría de Centroamérica y de camino a EE.UU., huyendo de la violencia y crisis económica en sus países de origen.
«La acción reducirá la abrumadora carga en nuestro sistema causada por los solicitantes de asilo que no buscan protección urgente en el primer país disponible, migrantes económicos a los que les falta un miedo de persecución legítimo y las organizaciones criminales transnacionales y traficantes que explotan nuestro sistema en busca de ganancias», señala el secretario en funciones de Seguridad Nacional Kevin K. McAleenan.
La decisión se produce después de que un tribunal en Guatemala bloqueara temporalmente la posibilidad de que el país centroamericano fueran como un «tercer país seguro».
La idea de «tercer país seguro» surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951.
El concepto se resume en lo siguiente: cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones.
Excepciones
La decisión aprobada por el gobierno de Trump recoge algunas excepciones, en concreto:
1. aquellos que demuestren que solicitaron protección por motivos de persecución o tortura en al menos uno de los países por los que pasa la ruta a Estados Unidos, y les fue rechazada en esa nación;
2. aquellos que demuestren que se ajustan a la definición de «víctima de una severa forma de tráfico de personas»;
3. aquellos que han pasado por un país o países de camino a EE.UU. que no forman parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugia descrita en el Protocolo 1967, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
