Managua, 15 ago (EFE).- Nicaragua cerró hoy sus puertas a un Grupo de Trabajo de 12 países creado por el Consejo Permanente de la OEA, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega declaró inaceptable la presencia de ese Grupo de Trabajo para Nicaragua, al que calificó de «Comisión injerencista».
En una declaración, el Ejecutivo nicaragüense atribuyó a ese Grupo de Trabajo haber sido formado y dirigido por Washington en su afán por «seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua».
Sus integrantes «no son bienvenidos a nuestro país…por lo tanto, no serán recibidos en nuestro suelo patrio», advirtió el presidente.
La creación del Grupo de Trabajo fue aprobada el 2 de agosto mediante una resolución, que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El grupo integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, tiene por objeto colaborar en el proceso de diálogo nacional en el país centroamericano y articular medidas de apoyo, acompañamiento y verificación.
El Ejecutivo anunció su decisión el mismo día en que miles de opositores salieron a las calles de Managua para exigir al Gobierno la liberación inmediata de los encarcelados en el marco de la crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril.
Para el joven activista Douglas Mata «es urgente que liberen a todas aquellas personas que fueron detenidas solo por pensar diferente a lo establecido por el Gobierno, que se jacta de ser democrático, pero en realidad nunca lo ha sido».
Los manifestantes, después de varias semanas de movilizaciones menos numerosas volvieron este miércoles a poner de manifiesto que el miedo que reconocieron sentir en algunos momentos «va y viene, pero no se queda».
En la marcha, que discurrió por los barrios más populosos y humildes de Managua, se escucharon las ya tradicionales consignas en las que se clama al unísono por la paz, la libertad, la justicia y la democracia para Nicaragua.
Y pese a que la movilización fue más numerosa que las últimas organizadas por los autoconvocados, podría haberlo sido mucho más, según el Movimiento 19 de Abril, que denunció que policías antimotines obstruyeron el paso de cientos de personas que se dirigían a Managua desde diferentes puntos del país.
Actualmente, según diversas organizaciones de derechos humanos, los centros penales nicaragüenses albergan a 135 presos políticos que han sido detenidos por policías, parapolicías o paramilitares, por protestar contra el Gobierno de Ortega.
Mientras tanto, este miércoles se inició un juicio contra tres líderes campesinos considerados «reos políticos», en medio del rechazo de miles de personas que se citaron en diferentes ciudades para protestar por las acciones legales contra opositores del Gobierno.
Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, líderes del Movimiento Campesino, enfrentan juicio por los delitos de crimen organizado, asesinato, terrorismo, y entorpecimiento de servicios públicos, ante el Juez Sexto Penal de Audiencia, Henry Morales, en Managua.
Y así, con continuadas protestas, los incansables ciudadanos burlan lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como la «tercera fase» de la represión gubernamental, «más ruda, más explícita y burocrática», con la «criminalización de manifestantes»,
Según la organización humanitaria, la primera etapa consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, en ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que representa a distintos sectores de la población nicaragüense en el diálogo, exigió al Gobierno «asegurar el estricto cumplimiento de la ley y demás garantías procesales» de los «presos políticos».
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha causado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, aunque el Gobierno cifra las víctimas mortales en 198.
Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y derivaron en reclamaciones para el mandatario, que lleva once años seguidos en el poder, y al que sus opositores acusan de abuso y corrupción. EFE
