Tras el asesinato el lunes pasado del ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, y ante la ola de violencia que azota el extremo de la península sudcaliforniana, que está dejando en los últimos tiempos más muertos que días de sol, la Secretaría de Marina mexicana ha anunciado que tomará el control de las policías estatales y locales de la capital, La Paz, y de Los Cabos, las zonas más afectadas por la guerra de los narcos por el control de la plaza. Según Ricardo Barroso, presidente priista de la Comisión de Marina del Senado, 800 gendarmes y 1.200 marinos más se unirán a otros 1.200 efectivos que refuerzan desde abril la seguridad del Estado, uno de los preferidos por los turistas estadounidenses y canadienses.
Esta iniciativa se ha sumado al anuncio que ha hecho este viernes el Gobierno de Baja California Sur, encabezado por el panista Carlos Mendoza Davis, según el cual se compromete a crear una fiscalía especial para investigar el asesinato del funcionario, asesinado a tiros en la capital junto a su hijo Fernando, según ha informado la Comisión de Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo a la CNDH, Davis, que se ha reunido también con miembros de la Procuraduría (Fiscalía), ha expresado su voluntad de realizar "una investigación expedita y exhaustiva" de la muerte de Silvestre de la Toba y se ha mostrado dispuesto a brindar al personal de la oficina del ombusdman federal toda la información relacionada con las investigaciones.
El asesinato de De la Toba, al que el Congreso de Baja California Sur ha rendido hoy un homenaje póstumo, seguido de una misa en la catedral de La Paz, antes de su entierro en el cementerio de los San Juanes, ha conmocionado a una sociedad tranquila, a salvo hasta ahora de la violencia generalizada que se vive en todo el país. La pugna entre los carteles, el aumento de la demanda en Estados Unidos y la búsqueda de nuevas rutas para el trasiego de la droga, además de un Gobierno ineficaz en materia de seguridad, han convertido al paradisíaco Estado en el tercero más peligroso del país, solo ya por debajo de Colima y Guerrero, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En solo cuatro años, y aunque las cifras oscilan, ha pasado de 89 asesinatos en 2013 a 469 en lo que va de año, un 426,96% más, con un otoño especialmente sangriento, lo que llevo al Gobierno de Estados Unidos a decretar en agosto una alerta para que sus ciudadanos no viajen a la zona.