Los familiares de Angie Peña están convencidos de que ella está viva y de que encontrarla pasa por que la policía de Honduras haga efectivas órdenes de captura extendidas contra miembros de una red de tratantes de personas que lleva años viviendo en la impunidad en la isla de Roatán, un paraíso turístico en el Caribe del país centroamericano, y que meta presos a jueces y policías que son sus cómplices.
La última vez que sus familiares vieron a Angie Samantha Peña fue el 1 de enero de 2022 en West Bay, como se conoce a las playas en el confín occidental de la isla que alberga hoteles de lujo y centros de recreación frecuentados por turistas todo el año. Ella y su hermana, Lizzie, habían alquilado motos acuáticas para navegar por la bahía. Pocos minutos después de dejar un pequeño muelle, Lizzie perdió de vista a su hermana. Desde entonces, Angie está desaparecida.
A finales del pasado septiembre, 16 organizaciones hondureñas que han entablado comunicación con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) en representación de la familia de Angie Peña enviaron una carta en al que pidieron a esa oficina internacional aumentar la presión sobre el Estado de Honduras para que “a través del Ministerio Público” retome “el impulso inicial de las investigaciones”.
“Teniendo en cuenta que el paso del tiempo es un factor negativo que incide en la reducción de probabilidades de encontrar a Angie, consideramos necesario que el Fiscal General pida directamente a la fiscal asignada… informes sobre el estado y los avances de las investigaciones; asimismo, que nombre una persona asistente dedicada exclusivamente a este caso. Nos preocupa que, a pesar de que (la fiscalía) se comprometió a contactar a los familiares de la víctima para ampliar sus declaraciones…, hasta el momento no se ha hecho”, dice la carta.
Casi tres años han pasado desde la desaparición. En ese tiempo la oficina de fiscal general de Honduras ha estado ocupada por dos abogados. Uno de ellos, Óscar Chinchilla, huyó de Honduras en septiembre de 2023 luego de que sus vínculos con el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, quedaran al descubierto y de que la posibilidad de una persecución penal contra él, por varios delitos de corrupción y violaciones a derechos humanos, empezó a tomar forma. Durante la gestión de Chinchilla, la fiscalía hondureña no hizo más que entorpecer la investigación sobre la desaparición de Angie.
Durante casi un año, mientras Chinchilla fue fiscal, los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación insistieron a Michelle Melgares, madre de Angie, que la joven se había perdido en el mar. La familia y algunos oficiales hondureños, sin embargo, sospechaban que se trataba de otra cosa. Las sospechas de que la víctima había caído en manos de una red de trata crecieron a la par del convencimiento de que había policías, jueces, fiscales y miembros de la marina mercante que trabajaban para esa red, la cual tenía el poder suficiente como para desviar las investigaciones.
La primera pista la dio un estadounidense que comía con su esposa en un hotel llamado Luna Beach, desde cuya terraza se aprecia la bahía. Tras leer una publicación en Facebook sobre la joven desaparecida, el hombre envió un mensaje diciendo que él había visto a una mujer con el mismo traje de baño que llevaba Angie, la cual era conducida por un “isleño” a la fuerza, y que luego vio como a ese hombre alguien le dio dinero.
Todo esto llegó al despacho de Yulissa Villanueva, la viceministra de seguridad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien de inmediato descartó la tesis de que Angie se había perdido en el mar y, luego de varias semanas de investigaciones, aseguró que la joven estaba en manos de una red de tratantes.
Fue hasta que Chinchilla dejó el despacho de fiscal general que la investigación apuntó a los tratantes. Tras la llegada de Johel Zelaya a ese despacho, en noviembre de 2023, el Ministerio Público (MP) tomó en serio las denuncias de la familia y empezó a investigar la desaparición como un caso de trata de personas.
La familia, a través de las organizaciones que la representan, ha reconocido los avances recientes en el trabajo del MP, incluidas las capturas de una decena de personas, entre hondureños y estadounidenses, acusados de formar una organización conocida como “Delta teams”, a la que las investigaciones atribuyen delitos como trata, prostitución de menores y pornografía infantil, y de la que sospechan es responsable de la desaparición de Angie Peña. Algunas cosas, sin embargo, siguen sin cuadrar. Una de las más importantes, según un investigador, es que la Policía Nacional aún no captura a algunos de los hombres y mujeres más importantes de la red.
Una red que no ha muerto
El estadounidense Anthony Frank Grayson es, se supone, prófugo de la justicia hondureña desde abril de 2022. El 18 de ese mes, el MP y la policía allanaron varios hoteles en Roatán, entre ellos The Dock, propiedad de Grayson. Ese día y durante los que siguieron, las autoridades capturaron a William James Murdock y Harold Green, también de Estados Unidos, y al hondureño Gustavo Trejo. Solo Grayson escapó. Hoy, sin embargo, hay funcionarios que sospechan que Grayson ha vuelto a la isla, donde mantiene un perfil bajo pero no permanece escondido.
Las investigaciones más recientes indican, según un investigador hondureño que conoce el caso de primera mano y habló con Infobae desde el anonimato, que Angie Peña estuvo recluida en The Dock durante al menos tres días, y que de ahí la movieron a otros hoteles y casas utilizadas por la red “Delta Teams”.
“Sigue en la isla… En el caso hay mucha negligencia. El caso se estanca y lo investigan con una logística muy pobre. Se sabe todo y se hace poco. Está muy cerca todo y se avanza con lentitud”, dijo a Infobae un funcionario de alto nivel en el gobierno de Xiomara Castro quien habló bajo condición de anonimato para no entorpecer las investigaciones. Un vocero del MP dijo a Infobae que el caso avanza y que las investigaciones llegarán hasta la raíz de los crímenes que se le atribuyen a la red, pero dijo que por ahora el caso es “reservado”.
A Grayson el MP lo había sacado de problemas después de la desaparición de Angie Peña, cuando aún era fiscal Óscar Chinchilla, quien huyó de Honduras en 2023 luego de que investigaciones por complicidad en varios casos de corrupción y con el crimen organizado apuntaron hacia él. En diciembre de 2022, el MP elaboró una constancia en la que decía que Grayson no había sido denunciado por la desaparición de la joven a pesar de que el nombre del hotelero sí aparecía, desde que la investigación inició a principios de aquel año, en actas y documentos de la policía y de la secretaría de seguridad.
Cuando el MP recondujo las investigaciones, de acuerdo con el funcionario y el investigador consultados, quedó claro que la organización “Delta Teams” trabajaba de la mano con funcionarios judiciales y policiales destacados en Roatán, algo que Michelle Melgares, la madre de Angie Peña, ya se imaginaba.
“Las mismas personas que me acompañaban a mí tienen que estar involucrados en el caso de mi hija, los mismos policías, jueces, en fin, hasta ahora es que ya se hacen detenciones cosas que nosotros ya lo sabíamos antes”, dijo Melgares a Diario El Heraldo en abril de este año.
Uno de los investigadores consultados confirma el alcance de la red: “Hemos investigado a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y sus jefes que demoraron el proceso y aceptaron coimas del Delta Teams, jueces del juzgado de Roatán, del Poder Judicial, y fiscales, todos traficaron influencias en el caso”, dijo a Infobae.
El primer gran engaño de los funcionarios implicados con esta red en la desaparición de Angie Peña fue hacer creer a la madre de la joven que se trataba de un accidente, que Angie había naufragado en la moto acuática y que las corrientes se habían llevado su cuerpo mar adentro. Fue un complot sofisticado, que incluyó búsquedas en las costas de Belice, al norte de Roatán, y la presentación de una “jetski” y unos aretes intactos que se suponía pertenecieron a la joven. Pero Michelle Melgares, la madre, nunca creyó del todo en la versión del accidente.
Yulissa Villanueva, la viceministra que recondujo las investigaciones iniciales y las orientó hacia la red de trata afincada en Roatán, ha dicho varias veces que a Angie la tuvieron cautiva en los hoteles de la isla y ha insistido en la complicidad de agentes del Estado.
Cuando el fiscal general Johel Zelaya llegó al despacho, a finales del año pasado, dedicó más recursos del MP a la investigación de esta desaparición y, en respuesta a las indagaciones del CED de la ONU, nombró un equipo especial para que se dedicara de lleno a la búsqueda de la joven y de los culpables. Hubo, entonces, una euforia inicial que culminó con las capturas de estadounidenses y hondureños.
Desde entonces, sin embargo, el caso parece estancado: Angie Peña sigue desaparecida; Anthony Frank Grayson, uno de los estadounidenses que se supone es miembro de la banda “Delta Teams”, ha vuelto a Roatán según han dicho oficiales hondureños a pesar de que sobre él pesa una orden de captura; y los funcionarios judiciales que han facilitado la impunidad de la red también permanecen en la isla. “Ellos aún tienen el control”, dice uno de los funcionarios que han investigado este caso.
