Desde 1999, tras el paso del Huracán Mitch en octubre de 1998 sobre Honduras, los Estados Unidos otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a hondureños que deseaban trabajar en el país norteamericano.
Luego de 26 años bajo protección, alrededor de 72 mil hondureños se ven afectados tras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunciar el fin del programa.
Es hasta el 7 de septiembre del presente año que los hondureños con TPS podrán estar tranquilamente en el país estadounidense, pero a partir del 8 de septiembre serán vistos como migrantes ilegales.
Ante tal situación, los catrachos deberán agotar otras instancias para legalizarse. Puede ser mediante un vínculo familiar, matrimonio o, en caso de ser víctimas de violencia, solicitar el estatus de refugiado.
De no lograr ninguna de las anteriores, los compatriotas corren riesgo de ser deportados, aunque ya el gobierno de Donald Trump anteriormente ha ofrecido la ʺsalida voluntariaʺ a migrantes para que no sean sometidos públicamente.
Sin embargo, la presidenta de la República, Xiomara Castro, dijo que no desamparará a los hondureños que estaban bajo el programa del TPS y serán integrados al programa que recibe a connacionales con 1,000 dólares para que inviertan.
ʺEl Gobierno de Honduras los abraza, donde quiera que se encuentren, y les asegura que mantendremos un diálogo abierto y franco con Estados Unidos, buscando una salida humana, con el fin de evitar una expulsión masivaʺ, dijo la mandataria.
Mientras tanto, expertos en la materia señalan que los argumentos por los que Estados Unidos canceló el TPS no son válidos porque Honduras aún enfrenta muchas dificultades.
