La Fiscalía de Perú solicitó este viernes al Poder Judicial que impida la salida del país, hasta por 36 meses, a la destituida presidenta Dina Boluarte, quien fue sacada del poder a falta de seis meses para elecciones generales por parte de los partidos de derecha que controlan el Legislativo y que la mantuvieron en el cargo desde que asumió la Presidencia a finales de 2022.
El Ministerio Público cursó el pedido ante las numerosas investigaciones abiertas contra Boluarte por delitos de presunta corrupción y violación a los derechos humanos durante los dos años y casi diez meses que ejerció la jefatura del Estado, tras suceder en el cargo al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que fue su vicepresidenta.
La prohibición para salir del país solicitada por la Fiscalía está basada en tres de las al menos once investigaciones que enfrenta la saliente mandataria.
Así, pidió esta medida por un plazo de 18 meses por las investigaciones donde se le imputa negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, y por un plazo de 36 meses en la que se le indaga por supuesto lavado de dinero.
En el primer caso, Boluarte presuntamente «se habría interesado en designar a funcionarios en EsSalud (seguridad social) y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas».
