La Justicia de Argentina acusó formalmente el lunes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de formar parte de una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios y solicitó su detención, aunque su inmunidad parlamentaria impediría que vaya a prisión.
La Justicia busca determinar si Fernández, actualmente senadora, lideró una amplia red de corrupción que involucró a políticos y empresarios durante sus dos gestiones presidenciales (2007-2015), que siguieron a la de su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007).
El escándalo estalló en agosto por las copias de cuadernos con anotaciones que llevaba el chofer de un exfuncionario, en los que detallaba supuestos pagos que empresas de la construcción realizaban para ser favorecidas en contratos con el Estado.
El juez federal Claudio Bonadio pidió también el desafuero de Fernández, lo que parece poco probable que sea convalidado por la Cámara alta. Según el sitio oficial de información judicial (www.cij.gov.ar), hay otras decenas de acusados -entre empresarios y exfuncionarios- contra los que avanza la Justicia.
Si bien el Senado del país sudamericano dio vía libre para que la Justicia allane algunas de sus propiedades, los antecedentes en otros casos muestran como muy difícil que los legisladores aprueben el desafuero de Fernández sin que haya una sentencia firme en su contra.
Fernández ya ha sido procesada por otros casos, aunque sus seguidores apuestan a que se postule a la presidencia en los comicios del año próximo, ya que todavía goza de un amplio respaldo popular.
