Los exfuncionarios de la antigua Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Roberto Ordoñez y Roberto Pineda, declararon ante los tribunales de la Justicia de los delitos que se les señala y el juez determinó dictarles medidas distintas a la prisión preventiva.
El Ministerio Público acusa a los exministros de la extinta INSEP por suponerlos responsables del delito de abuso de autoridad.
Los exfuncionarios acusados, de acuerdo a las indagaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se negaron abiertamente a darle cumplimiento a un mandato emanado por un órgano jurisdiccional y de forma arbitraria impusieron su criterio por encima de sentencias que fueron ratificadas en segunda instancia por una corte de apelaciones y que a lo largo de los años causaron un perjuicio económico millonario al Estado por concepto de pago de demandas en materia contencioso administrativo.
