El estado de Indiana tiene la intención de llevar a cabo su primera ejecución en 15 años antes del amanecer de este miércoles, aunque los abogados del recluso condenado están luchando para detener la inyección letal alegando una enfermedad mental.
Los abogados de Joseph Corcoran —condenado a muerte por los asesinatos de cuatro hombres en 1997, incluidos su hermano y el prometido de su hermana— han argumentado en documentos judiciales que condenarlo a muerte violaría las enmiendas Octava y Decimocuarta porque ha sufrido durante mucho tiempo de esquizofrenia paranoide.
El hombre de 49 años experimenta alucinaciones auditivas y delirios, que le hacen creer erróneamente que los guardias de la prisión lo torturan con ondas sonoras, señalan. Corcoran no tiene un entendimiento racional de su situación, argumentan, a pesar de las propias declaraciones escritas del recluso que indican que desea que su ejecución proceda.
Ni la Corte Suprema de Indiana ni un juez del tribunal de distrito de EE.UU. en el norte de Indiana han sido convencidos por los argumentos de los abogados, y los tribunales hasta ahora han rechazado detener la ejecución. Corcoran fue condenado por el asesinato de su hermano, James Corcoran; el prometido de su hermana, Robert Scott Turner; así como de Timothy Bricker y Douglas Stillwell.
La ejecución programada se produce aproximadamente seis meses después de que el gobernador republicano Eric Holcomb anunciara que el estado había “(después de años) obtenido el fármaco pentobarbital”, lo que permite reanudar la pena capital por primera vez desde 2009.
Varios organismos han recurrido al sedante para llevar a cabo inyecciones letales en los últimos años (…). Las compañías farmacéuticas que se oponen a la pena de muerte han prohibido el uso de sus productos para ejecuciones.
“En consecuencia, estoy cumpliendo con mis deberes como gobernador siguiendo la ley para avanzar adecuadamente en este asunto”, dijo el gobernador Holcomb en una declaración en el verano boreal.
El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, presentó la pena de muerte “como un medio para proporcionar justicia a las víctimas de los crímenes más atroces de la sociedad y hacer responsables a los perpetradores”.
“Ahora que el Departamento Correccional de Indiana está listo para cumplir la sentencia impuesta legalmente”, dijo Rokita, “corresponde a nuestro sistema de justicia permitir inmediatamente que las ejecuciones se reanuden en nuestras prisiones”.
La hermana del asesino se opone a la ejecución
La hermana de Corcoran, Kelly Ernst, quien también era hermana de la víctima James Corcoran y quien estaba comprometida con Turner, se opone a la ejecución de su hermano y a la pena de muerte de manera más amplia. Le dijo a Associated Press que cree que la grave enfermedad mental de Corcoran es “bastante obvia”.
“Simplemente siento que no hay tal cosa como un cierre”, dijo Ernst, de 56 años, a AP. “Simplemente no sé qué más decir. No he dormido en semanas”.
CNN se ha comunicado con Ernst para que hiciera comentarios sobre lo ocurrido.
Adam Bricker, el hermano de la víctima Timothy Bricker, le dijo a CNN que no está convencido sobre si Corcoran debe ser ejecutado o pasar el resto de su vida en prisión. Pero quiere que el asunto concluya después de soportar tantos años de cobertura intermitente, lo que reaviva el dolor de su familia.
“No es justo para mi mamá, sus hijos que aún viven, ni para nadie. No es justo y no es correcto”, dijo Adam Bricker.
“Como cristiano, no deseo que nadie muera”, agregó. “Tampoco deseaba que mi hermano muriera. Pero creo que las leyes deben ser seguidas”.
Indiana es uno de solo dos estados con pena de muerte que no permite a los reporteros presenciar las ejecuciones, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. La ley estatal indica que los presentes pueden incluir a funcionarios de correccionales, el asesor espiritual del condenado, hasta cinco amigos o familiares del recluso y hasta ocho miembros de las familias inmediatas de la víctima o víctimas.
En otros estados, los testigos de los medios generalmente actúan como monitores públicos neutrales, informando al público sobre los detalles de una ejecución. Esto puede implicar informar sobre ejecuciones que violan el protocolo de un estado, una responsabilidad particularmente importante cuando contradicen la caracterización de los eventos por parte de los funcionarios.
