Guatemala cumple 10 días consecutivos de paro, protestas y bloqueos en sus principales carreteras como medidas de presión para exigir la renuncia de Consuelo Porras Argueta, la fiscal general que segúnque, presidente electo, Bernardo Arévalo de León, encabeza una arremetida golpista para impedir su toma de posesión, fijada para enero. La respuesta de la sociedad civil comenzó el lunes 2 de octubre con plantones de los pueblos indígenas en sus territorios y en la sede del Ministerio Público (MP), en Ciudad de Guatemala. Con el paso de los días se activaron grupos de estudiantes universitarios, profesionales, organizaciones sociales, comerciantes y comités de vecinos en todo el país en defensa de la democracia y para exigir el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. El viernes por la noche, los piquetes se habían multiplicado y el país estaba paralizado. Porras descarta presentar su renuncia y el Ministerio Público asegura que “se continúa trabajando sin inconveniente”.
Los ciudadanos se han movilizado en “defensa de la democracia” para manifestar su rechazo contra los intentos de dejar sin efecto la victoria electoral del binomio presidencial del Movimiento Semilla. El partido progresista afronta riesgos de cancelación, que raya en lo inconstitucional, según varios juristas. Tanto Arévalo como los dirigentes de la organización temen que la Fiscalía redoble su persecución.
La indignación ciudadana escaló hace una semana tras el secuestro de las actas de las elecciones, celebradas en agosto, en un registro que duró unas 20 horas y que terminó en un forcejeo entre fiscales y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estos se opusieron al secuestro de las papeletas con los resultados ya que, por ley, les corresponde el resguardo de los documentos originales.
El fiscal Rafael Curruchiche, que dirige casos contra periodistas y exoperadores de Justicia exiliados, justificó el secuestro de materiales electorales para avanzar en una nueva investigación. Arévalo calificó la operación como una escalada de “violencia jurídica” que busca “la anulación del resultado electoral y la destrucción del régimen democrático”.
Tanto Arévalo como las autoridades indígenas han invocado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante una alteración del orden constitucional, para que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analice la situación y adopte decisiones necesarias para promover la normalización de la institucionalidad. De momento, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, aceptó el llamado del presidente Alejandro Giammattei para mediar un diálogo entre los sectores sociales que lideran las protestas y el Gobierno.
