Gustavo Petro anunció que convocará a una consulta popular para definir el futuro de la reforma laboral y de la salud

En un anuncio que causó una catarata de reacciones en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, indicó en la noche del martes 11 de marzo de 2025 que convocará a una consulta popular para que sea, según él, el pueblo el que defina el futuro de la reforma laboral y, de la misma manera, la reforma a la salud, que debían ser discutidas por la Comisión Séptima del Senado; luego de firmarse por parte de ocho congresistas la ponencia de archivo para la primera de estas proposiciones.

“El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular y al bloqueo institucional se le responde con democracia real, y la democracia real la decide el pueblo. La participación de la ciudadanía, ya que sus representantes no fueron capaces de hacer eco de su voz en las elecciones del año 2022″, dijo Petro en la rueda de prensa que ofreció en la Casa de Nariño, previa a la divulgada alocución presidencial que se espera se dé por los canales oficiales.

En una medida con la que, enfatizó, busca forzar la discusión y aprobación de dos de las grandes propuestas que han enmarcado su Gobierno, y que estarían próximas a hundirse en su normal trámite legislativo. E insistió en que la misma debe definirse por el Senado en el plazo de un mes, para que en máximo en 90 días más (tres meses) se resuelva con el voto de los ciudadanos.

Y este orden de ideas, serán los colombianos los que definan en las urnas qué sucederá con estas dos iniciativas, que a juzgar por la determinación de la bancada independiente y opositora en la comisión tendría un desenlace negativo, pues era el obstáculo a superar, sin que hubiera mayorías que garanticen su traslado a la plenaria del Senado, en el que el ambiente -a diferencia de la Cámara de Representantes- no sería tan benévolo en favor de los proyectos del primer mandatario.

“Lo único que proponía es que los médicos residentes tengan un salario. Lo único que proponía es que los contratos de aprendiz del joven en su primer empleo tenga un salario justo y no explotación. Eso es lo que ha querido hundir la Comisión Séptima con engaños. La Comisión Séptima, en su mayoría, decidió engañar al Gobierno, a la Cámara de Representantes, que hizo un gran trabajo y que buscó consensos y al pueblo trabajador de Colombia. Decidieron defender al rico Epulón y no a Jesús, el carpintero”, expresó Petro en su declaración.

Indicó con ello que él, en su figura como jefe de Estado, “elegido por la mayoría de la sociedad”, presentó al Congreso las reformas necesarias para abordar los problemas existentes y garantizar los derechos universales fundamentales establecidos en la Constitución, los cuales aún no se han cumplido. Entre estos, destacó, están derechos se encuentran el derecho a un buen trabajo, a un trabajo digno, a la estabilidad laboral y a que “los trabajadores no sean tratados de manera inhumana, como si fueran esclavos, con jornadas laborales que hoy son las más largas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y salarios que se encuentran entre los más bajos de América Latina”.

¿En qué consiste una consulta popular?

De acuerdo con lo expuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la consulta popular se trata de un mecanismo de participación ciudadana que permite convocar a la población para que tome decisiones sobre temas de gran relevancia para la comunidad, ya sea a nivel nacional, departamental, municipal, distrital o local. Para este caso, es el jefe de Estado el que la está convocando, con el fin de que sean los ciudadanos los que determinen con sus votos una situación en específico; aunque según juristas no estaría facultado para aprobar leyes por esta vía.

Esta fórmula está reglamentada por la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, y se ha llevado a cabo para determinar asuntos de interés primario en las regiones, en algunos de ellos, como en Cajamarca (Tolima), relacionados con la megaminería, en el que la población determinó rechazar la presencia en su territorio de firmas internacionales; o la consulta anticorrupción en 2018. La única condición para las preguntas a consultar es que deben ser formuladas de manera que conduzcan a una respuesta clara, cuyo resultado sea “Sí” o “No”.

Sin embargo, según el abogado Julián Quintana, en este caso no aplicaría, pues no podrán ser objeto de consulta popular proyectos de articulado, como ocurriría en este caso; una especie de galimatías jurídico que espera aclararse. Concepto al que se sumó Fabio Pulido, jefe del Departamento de Teoría Jurídica y de la Constitución y Director del Doctorado en Derecho de la Universidad de La Sabana.