La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, anunció este martes la imposición de nuevas sanciones contra cinco altos funcionarios del régimen venezolano, acusados de participar en actividades que socavan la democracia y declarar fraudulentamente a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Las medidas, adoptadas bajo el Reglamento de Medidas Económicas Especiales (Venezuela), afectan a figuras clave del poder judicial y electoral del país, entre quienes se encuentra la presidenta del Supremo venezolano. Estas personas son:
- Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.
- Juan Carlos Hidalgo Pandares, juez del Tribunal Supremo de Justicia.
- Rosalba Gil Pacheco, miembro del Consejo Nacional Electoral.
- Eduardo Miguel Briceño Cisneros, juez.
- Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal.
En el anuncio, Joly afirmó que estas sanciones buscan presionar al régimen de Maduro para que respete la voluntad del pueblo venezolano y frenar las acciones represivas emprendidas contra la oposición y la sociedad civil.
“Las sanciones de hoy transmiten un mensaje claro: Canadá no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen de Maduro siga ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano”, declaró.
Pruebas de fraude y represión tras las elecciones
El comunicado del gobierno canadiense subrayó que observadores internacionales independientes y ciudadanos aportaron evidencia creíble de que Maduro no fue el ganador legítimo de los comicios del 28 de julio.
No obstante, las autoridades de facto venezolanas continúan sin presentar pruebas sustanciales que respalden los resultados proclamados.
En los días posteriores a las elecciones, el régimen intensificó la represión contra manifestaciones masivas en todo el país. Las autoridades fueron responsables de 28 muertes, 43 desapariciones forzadas y más de 2.000 detenciones arbitrarias, según datos citados por Canadá.
La persecución también afectó a figuras de la oposición, líderes de la sociedad civil, periodistas y voluntarios electorales. Como resultado de estas acciones, el candidato opositor Edmundo González Urrutia se vio forzado a huir a España el 7 de septiembre.
