La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) acudirá el próximo miércoles 10 de marzo a la audiencia inicial en contra de un empleado del Ministerio Público acusado por el delito de falsificación de documentos privados.
Se trata Héctor Javier Padilla, un conserje a quien se le sindica el hecho de presentar ante sus superiores constancias médicas falsas, siendo acusadas además por este caso las Fiscales Auxiliares Cindy Patricia Gonzáles Flores y Marlene Guadalupe Silva Sierra.
Las denuncias de estos servidores fueron interpuestas en el año 2019 por el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), tras detectar en una constancia médica presentada por Padilla varias inconsistencias, entre ellas que el número telefónico que aparecía en el documento le hacía falta un dígito.
De las investigaciones se constató que el número de colegiación que aparecía en la certificación pertenecía al doctor Ramón Adolfo Sánchez, quien de acuerdo a los registros falleció el 24 de septiembre de 2014.
Además, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) logró acreditar que los imputados presentaron ante sus superiores jerárquicos constancias médicas extendidas presuntamente por las “Clínicas Cristianas” y refrendadas por el doctor Ramón Adolfo Sánchez, lográndole decomisar a Héctor Javier Padilla 16 constancias médicas cuestionadas en un periodo de 2011 a 2019, mientras tanto a Cindy Patricia Gonzáles se le encontraron dos y a Marlene Guadalupe Silva Sierra una.
En el caso de las Fiscales Auxiliares, el Ente Acusador presentó un recurso de apelación en contra del sobreseimiento dictado por un juez a su favor.
Cabe señalar que el Ministerio Público aplicó los respectivos procedimientos disciplinarios y las cancelaciones de la institución.
Por otra parte, en un diferente expediente, Fiscales para el Enjuiciamiento cubrirán el martes 13 de abril próximo la audiencia de declaración de imputado en contra del exfiscal Denis Rolando Andino Aceituno, acusado por el delito de uso de documento público falso, al presentar una incapacidad temporal por tres días, extendida presuntamente por el Hospital General San Felipe, no obstante la investigación y el Dictamen de Documentología, determinó que la misma había sido falsificada.
Dicha incapacidad justificaba su ausencia correspondiente a los días 24, 25 y 26 de junio del año 2009 y refería falazmente que el funcionario había sido atendido por el doctor Ricardo Jalil, pudiéndose constatar que este médico no lo trató.
