La declaratoria oficial que debe hacer el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha convertido en el eje de la incertidumbre política en Honduras ante la falta de consensos dentro del órgano electoral y la división del Congreso Nacional, haciendo crecer la expectativa sobre quién dará el importante anuncio a la población y la comunidad internacional.
El proceso de las Elecciones Generales en Honduras ha estado marcado por dudas y tensiones, alimentadas por señalamientos de injerencia externa y denuncias de inconsistencias en el sistema de divulgación de resultados.
De acuerdo con el artículo 284 de la Ley Electoral, la declaratoria de las elecciones debe realizarse a más tardar 30 días después de los comicios, por lo que al CNE aún le restan 18 días calendario.
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No obstante, el órgano electoral ha enfrentado una nueva crisis interna, luego de que el consejero Marlon Ochoa manifestara desconocer los resultados divulgados y denunciara supuestas irregularidades, situación que ha amenazado con bloquear la declaratoria oficial.
La normativa electoral establece que las decisiones del CNE deben tomarse en sesión de pleno y publicarse posteriormente en el Diario Oficial La Gaceta.
Ante la ausencia de uno de los consejeros propietarios, el artículo 17 contempla la incorporación de consejeros suplentes, quienes pueden ser convocados por la presidencia del ente electoral para garantizar la integración del pleno.
Según el abogado constitucionalista Joaquín Mejía, la no integración del pleno del CNE provocaría una crisis institucional, ya que se incumpliría el mandato legal de declarar las elecciones, generando un vacío de poder al no existir un órgano competente para cumplir esa función en tiempo y forma.
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Mejía explicó que la Constitución prevé una salvaguarda en el artículo 205, numeral 7, que faculta al pleno del Congreso Nacional a realizar el escrutinio y la declaratoria cuando el CNE no lo haga.
Sin embargo, el Congreso Nacional también atraviesa su propia crisis, con dos estructuras que no se reconocen entre sí: una integrada por diputados de oposición y otra por el oficialismo, que ha operado mediante una Comisión Permanente.
Tanto Mejía como el abogado y vicealcalde sampedrano Omar Menjívar coinciden en que la Comisión Permanente no tiene atribuciones para hacer la declaratoria, sino únicamente para convocar al pleno legislativo.
De persistir la división en el Congreso Nacional, la responsabilidad podría recaer en la Corte Suprema de Justicia, mientras el país sigue a la espera de la declaratoria y del alcance de consensos en el CNE que permita cerrar el proceso electoral y garantizar la estabilidad democrática.
