Una jueza de Arizona bloqueó temporalmente este jueves los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump por deportar a un grupo de niños migrantes de Guatemala y Honduras a sus países de origen.
La jueza federal Rosemary Márquez, de Tucson, prorrogó una decisión tomada durante el fin de semana del Día del Trabajo.
Los abogados de los menores, que viven en refugios o en hogares de acogida tras llegar solos a Estados Unidos, indicaron que sus clientes han manifestado que temen regresar a sus países y que el Gobierno no está cumpliendo con las leyes diseñadas para proteger a los niños migrantes.
Un grupo de asistencia legal había presentado una demanda en Arizona en nombre de 57 niños guatemaltecos y otros 12 de Honduras, de entre 3 y 17 años.
Casi todos los niños estaban bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y vivían en refugios en las áreas de Phoenix y Tucson. Demandas similares presentadas en Illinois y Washington D.C. buscan impedir que el Gobierno expulse a los niños.
La demanda de Arizona exige que el Gobierno permita a los niños ejercer su derecho a presentar sus casos ante un juez de inmigración, a tener acceso a asistencia legal y a ser colocados en el entorno menos restrictivo que redunde en su interés superior.
La Administración Trump ha argumentado que está actuando en el mejor interés de los niños al tratar de reunirlos con sus familias a instancias del Gobierno guatemalteco. Después de que funcionarios guatemaltecos visitaran los centros de detención de Estados Unidos, el Gobierno de Guatemala indicó que estaba “muy preocupado” y que recibiría a los menores que quisieran regresar voluntariamente.
