Washington y San Salvador quedaron en el centro de la polémica tras revelarse que el Gobierno de Estados Unidos entregará 4.76 millones de dólares a El Salvador a cambio de recibir a más de 200 migrantes deportados, en su mayoría venezolanos.
Según documentos judiciales, los fondos estarán destinados exclusivamente a apoyo penitenciario y logístico en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y no podrán usarse en asesoría legal para solicitantes de asilo en EE.UU. ni en programas de salud reproductiva.
El pacto, firmado entre las administraciones de Donald Trump y Nayib Bukele, salió a la luz como evidencia en una demanda interpuesta por Democracy Forward. La organización denunció que el acuerdo “no hizo nada por garantizar que los migrantes estuvieran protegidos de la tortura o el confinamiento indefinido en la infame prisión salvadoreña”, pero sí incluyó múltiples restricciones sobre el uso de los recursos.
