El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una creciente preocupación por la proliferación de encuestas políticas publicadas por firmas que carecen de autorización oficial.
A pocos meses de las elecciones generales, la mayoría de las encuestadoras que circulan datos sobre intención de voto no están registradas ni avaladas por el organismo electoral, lo que ha provocado confusión entre la ciudadanía y cuestionamientos sobre la veracidad de los resultados que se difunden en medios de comunicación y redes sociales.
De acuerdo con el marco legal vigente, toda encuestadora que pretenda divulgar estudios de opinión relacionados con procesos electorales debe estar inscrita en el registro del CNE, presentar su metodología y someterse a los controles técnicos establecidos.
Sin embargo, muchas de las empresas que actualmente publican sondeos han omitido este procedimiento, lo que representa una falta de transparencia y abre espacio a manipulaciones o narrativas con fines políticos.
