El abogado constitucionalista Enrique Anaya fue arrestado por las autoridades este sábado en su casa de Santa Tecla, acusado de cometer el delito de lavado de dinero y activos, informó la Fiscalía General de El Salvador.
Anaya es un abierto crítico del presidente de ese país, Nayib Bukele, a quien ha catalogado de «dictador».
La Fiscalía dijo que el constitucionalista «será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días».
Esta es una nueva detención de un crítico del mandatario salvadoreño. Antes, el 18 de mayo, fue encarcelada la abogada Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la principal organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos en El Salvador.
Recientemente, Anaya había hecho una serie de señalamientos de supuestas ilegalidades cometidas en la detención de Ruth López, así como en la audiencia en un tribunal de justicia que ordenó que siga detenida.
López fue acusada de presunto «peculado» o apropiación indebida de fondos del Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su «grave preocupación» por «detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos».
Además del caso de López, la CIDH nombró al líder comunitario y pastor José Ángel Pérez, presidente de la Cooperativa El Bosque, arrestado el 12 de mayo, y señaló que un día después lo mismo ocurrió con Alejandro Henríquez, abogado de la cooperativa, por los delitos de desorden público y resistencia.
«A estos casos se suman la detención de Fidel Zavala y órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios», añadió la Comisión.
«Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles», dijo la CIDH.
