Comparada con el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, una prisión de máxima seguridad se levanta en un desolado paraje de la costa de Ecuador frente al rechazo de una comunidad local y como símbolo de la «mano dura» que quiere imponer al crimen organizado el presidente, Daniel Noboa, quien busca su reelección en las elecciones de este domingo.
La prisión, denominada por el Gobierno como la ‘Cárcel del Encuentro’, en referencia al lema usado por la Administración del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), al que reemplazó Noboa, es una de las dos que el mandatario pretende construir para hacer frente a la crisis penitenciaria que vive el país, donde entre 2021 y 2024 fueron asesinados más de 500 reclusos.
«El sistema estaba secuestrado y humillado por organizaciones criminales. Hoy tenemos orden en los centros penitenciarios y estamos haciendo historia. En este centro se pondrá fin a la impunidad y al desorden penitenciario», dijo Noboa en junio del año pasado, cuando puso la primera piedra que dio inicio a la obra.
La construcción está a cargo de la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del español Grupo Puentes, que controla la empresa estatal China Road and Bridge Corporation, y tiene un presupuesto de 52 millones de dólares.
La megacárcel será para unos 800 presos
Se prevé que albergue a unos 800 reos, y al estar aislada se espera que reciba a los líderes de las bandas criminales ecuatorianas que hasta la llegada al poder de Noboa controlaban las prisiones antiguas, donde contaban con todo tipo de comodidades como internet de alta velocidad y televisores.
El proyecto se encuentra en una zona rural entre las comunidades de Bajada de Chanduy y Juntas del Pacífico, en la provincia costera de Santa Elena, y al comenzar la obra el Gobierno anunció que estaría lista en 300 días.
Sin embargo, el pasado 25 de diciembre un grupo de hombres armados ingresó a la zona y perpetró un atentado calificado por el Gobierno como «terrorista» que dejó un muerto. El incidente llevó a paralizar la construcción.
El rechazo de la comunidad en Ecuador
Este proyecto no es visto con buenos ojos por los habitantes de las comunidades vecinas, quienes en diciembre solicitaron a la Justicia suspender la obra.
Ellos reclaman que el terreno de 16,2 hectáreas donde se levanta la cárcel pertenece a sus ancestros desde «tiempos inmemoriales», por lo que buscan que se proteja el derecho a la consulta previa, libre e informada, un recurso que se aplica a los proyectos que se realizan en territorios indígenas para obtener el consentimiento y aceptación de sus integrantes.
La comunidad local denuncia extorsión
Otra de sus preocupaciones es la inseguridad, pues Cabrera afirmó que, desde que empezó la construcción, surgieron delitos como la extorsión y el secuestro y empezaron a recibir visitas de «personas extrañas» que querían comprar sus terrenos.
«Vivimos en un completo temor. Las comunidades, las familias, nuestros hijos… vivimos en una zozobra, en permanente amenaza», señaló.
