Con “lo que les alcanzaba en la mano” más de 30 monjas de la Orden de Santa Clara fueron expulsadas la noche del martes pasado por órdenes del régimen de Daniel Ortega de los tres monasterios en los que vivían en distintas regiones del país, según medios de información nicaragüenses. No se sabe si las religiosas aún permanecen en el país.
La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina señala que el régimen ocupó los edificios de las monjas sin que existan razones legales para la expropiación y a pesar de que la Constitución Política de Nicaragua vigente prohíbe las confiscaciones.
Asimismo, civiles y policías saquearon el Palacio Episcopal de Matagalpa, edifico destinado a ser la residencia del obispo católico de esa Diócesis, y cuyo último ocupante fue monseñor Rolando Álvarez, el encarcelado y posteriormente desterrado obispo nicaragüense.
Tampoco, afirma Molina, hay justificación legal, incluso con las leyes represivas aprobadas por la dictadura, para la apropiación de ese edifico. “El Palacio Episcopal (de Matagalpa) estaba ocupado por la Policía desde que secuestraron a monseñor Álvarez, pero nunca hubo una expropiación formal. No dijeron nada, solo lo confiscaron”, argumentó.