Alberto S. G., conocido como el ‘caníbal de Ventas’, ha solicitado ayuda para ser trasladado a un centro psiquiátrico penitenciario, asegurando que padece graves trastornos mentales. Su abogado asegura que sabe que «es un peligro para la sociedad». Actualmente cumple una condena de 15 años de prisión por el homicidio, descuartizamiento y profanación del cadáver de su madre, María Soledad, en la vivienda que compartían en el barrio madrileño de la Guindalera.
Ocurrió en febrero de 2019. La Policía Nacional acudió al domicilio familiar tras recibir una denuncia por la desaparición de la mujer. Los agentes encontraron los restos del cuerpo de María Soledad esparcidos por el inmueble, incluida su cabeza -localizada sobre una cama- y otras partes halladas en la caseta del perro. Durante el juicio, celebrado en 2021, el jurado popular declaró a Alberto culpable, descartando que padeciera un brote psicótico en el momento de los hechos.
El crimen conmocionó al barrio por su brutalidad. Durante los días posteriores al homicidio, Alberto convivió con los restos de su madre, de los cuales llegó a alimentarse en repetidas ocasiones. Los detalles del macabro caso, que quedó grabado a fuego en la memoria de los vecinos del asesino y su víctima, han vuelto a salir a la luz después de que el autor del crimen haya decidido pedir ayuda para salir de la cárcel.
La petición de Alberto
Lo ha hecho a través de una carta, que habría enviado al abogado Julen Martínez, en la que detalla su versión de los hechos. «Sufrí una enajenación mental transitoria motivada por el consumo de cannabis y no vivía la realidad tal y como es, sino que deliraba y tenía psicosis y paranoia. Además, acabé haciéndole a mi madre lo que me decían las voces y lo que veía en mis alucinaciones visuales», describe en el texto. Según su testimonio, estas alucinaciones lo llevaron a atacar a su madre una mañana mientras ella preparaba el desayuno.
«Antes de que empezara mi juicio mi abogado me dijo que dijera que yo no me acordaba de nada, cosa que hice sin convicción porque yo ya declaré a la jueza lo ocurrido durante la investigación. No me sentí defendido. No hizo buen trabajo», señala Alberto. No obstante, Martínez -que es su nuevo representante legal- asegura que su cliente no busca conseguir la libertad.
«Esta persona no quiere salir a la calle, sabe que es un peligro para la sociedad», ha declarado. La solicitud de traslado al centro psiquiátrico penitenciario se basa en el historial de consumo de drogas y los supuestos episodios psicóticos descritos por el condenado.
El rechazo inicial a la enajenación mental
En el juicio, los magistrados rechazaron la hipótesis de una alteración psíquica grave. Según el fallo judicial, «ni por las pruebas documentales ni por las declaraciones de los testigos ha resultado probado que el acusado sufriera una alteración psíquica que anulara sus facultades volitivas y cognitivas».
Alberto, sin embargo, insiste en que no vivía la realidad tal y como es. «Pido perdón y no es para agradar a nadie. Cada vez que pienso en mi madre se me cae el alma encima», declaró durante el juicio.
El tribunal lo condenó por homicidio con agravante de parentesco y profanación de cadáveres, considerando que no tenía sus facultades mentales anuladas. Además, se le impuso una indemnización de 60.000 euros para su hermano.
