En vista de los hechos ocurridos el día de ayer, 28 de noviembre, en las instalaciones del Congreso Nacional, los cuales constituyen una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República, que establece la inviolabilidad de los edificios e instalaciones del Congreso Nacional, lamentamos profundamente el desconocimiento y la no aplicación de la Constitución por parte de los funcionarios que se presentaron.
En este sentido, aclaramos que no ha existido ninguna obstrucción por parte de los funcionarios de este Poder del Estado. Por el contrario, se ha exigido el respeto a la Constitución ante una flagrante violación que, como quedó evidenciado, culminó con la inmediata puesta en libertad de los afectados.
Sin embargo, nos causa extrañeza la forma de proceder de algunos funcionarios del Ministerio Público, lo cual transmite un mensaje equivocado de que el Congreso Nacional se rehúsa a colaborar, cuando la verdad es completamente opuesta.
Es oportuno recordar que hemos promovido iniciativas y denuncias concretas para la investigación de actos de corrupción desde antes de asumir la dirección de este Poder del Estado. Entre estas denuncias destaca la presentada desde 2018, conocida como el «Robo Parlamentario del Siglo«, así como muchas otras relativas al saqueo ocurrido en administraciones pasadas del Poder Legislativo.
Estas acciones fueron formalizadas desde el 9 de mayo de 2022 y ampliamente expuestas en el informe de los primeros 100 días de gestión, evidenciando el estado en que recibimos este Poder del Estado.
En aquel entonces, a solicitud como Presidente del Congreso Nacional, funcionarios del Ministerio Público recibieron plena colaboración, incluyendo la entrega de documentación, equipos de cómputo y videos para los procesos de investigación.
Desde esa fecha, todos los elementos probatorios se encuentran en manos del Ministerio Público, lo que ratifica nuestra disposición y voluntad de coadyuvar en las investigaciones, sin ninguna restricción.
Con el objetivo de garantizar una colaboración efectiva, el Congreso Nacional formalizó los canales de comunicación mediante el Oficio No. PCN-074-2024, de fecha 6 de marzo de 2024, reforzado posteriormente mediante el Oficio PCN-487-2024, de fecha 15 de noviembre de 2024, dirigido al fiscal general electo.
Estos canales están a disposición para que el Fiscal General del Ministerio Público pueda solicitar toda la información requerida conforme a las formalidades establecidas. Actualmente, me encuentro fuera del país, pero reconozco y respaldo la actuación de los funcionarios legislativos en defensa de la Constitución.
Al pueblo hondureño le garantizo que haremos valer la Constitución de la República, sin importar quién sea el involucrado. Asimismo, reitero que se facilitará toda la información necesaria para los casos de corrupción que se investigan.
El pueblo hondureño debe tener la certeza de que no encubriré acciones ni omisiones ilegales de nadie. El fiscal general,@johelzelaya, es testigo de nuestra constante lucha contra los actos de corrupción y el saqueo perpetrado por la dictadura en administraciones anteriores del Congreso Nacional.
Por ello, al regresar al país, y en el marco de los canales de comunicación establecidos, brindaremos toda la información requerida por el Fiscal General del Ministerio Público. Reafirmo mi compromiso con el pueblo hondureño, que exige justicia pronta y resultados tangibles en la lucha contra la corrupción.
Esta es una oportunidad para demostrar que, unidos, podemos combatir la corrupción sin comprometer los principios de justicia, legalidad y equilibrio de poderes que sostienen nuestra democracia.
