Universidades de Argentina iniciaron hoy lunes un paro nacional por 48 horas en reclamo de mejoras salariales para el personal docente y no docente, así como en demanda de fondos presupuestarios para su normal funcionamiento este año y en 2025.
La medida de protesta se realiza luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, vetara a comienzos de este mes la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que aprobó el Congreso en septiembre y que el Ejecutivo anuló por considerarla contraria a su política de «déficit cero».
El paro nacional fue convocado por distintas entidades gremiales, entre ellas la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Asociación Gremial Docente (AGD), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN), la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN).
Jorge Anró, secretario adjunto de la FATUN, destacó ante la prensa el cada vez mayor acompañamiento que reciben las protestas. «En cada medida que hemos tomado fue creciendo la cantidad de compañeros y compañeras que se adhirieron, así como la repercusión que tuvo, más allá de las tomas que están haciendo los estudiantes, que también elevan mucho la situación del conflicto».
La protesta que comenzó este lunes supone la continuidad de reclamos similares realizados por 72 horas entre el 12 y el 14 de agosto; durante 48 horas entre el 20 y 21 de agosto; por 24 horas, el 12 de septiembre; por 48 horas entre el 26 y el 27 de septiembre; por 24 horas, el 2 de octubre, y por 24 horas, el 17 de octubre.
Por su parte, Carlos de Feo, secretario general de la Conadu, advirtió que «el conflicto tiene pocas vías de resolución, en tanto implica una decisión del Gobierno nacional, si es que lo quisiera resolver. No creo que en este año podamos asistir a una resolución plena del problema», lamentó.
Desde la FEDUN, en tanto, explicaron que «sin salarios dignos no hay universidad de calidad», y anticiparon que las medidas de fuerza se mantendrán «en defensa de la educación pública».
Organizadores de las protestas dijeron a esta agencia que el martes 22 se dictarán clases públicas, entre las 10 y las 18 hora local en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, mientras que el jueves 24 se realizará una «radio abierta» en las puertas del Congreso, para reclamar por el presupuesto universitario correspondiente al año próximo.
La Ley de Financiamiento que había aprobado el Congreso el 12 de septiembre declaraba la emergencia presupuestaria del sistema universitario y, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, tenía un impacto fiscal equivalente al 0,14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el Gobierno aseguró que debió anularla por ser contraria a la política oficial de «déficit cero» y por no explicar con qué recursos se solventaría el mayor desembolso.
La norma vetada por el Ejecutivo declaraba la emergencia presupuestaria del sistema universitario, previendo una distribución del 85 por ciento del presupuesto para salarios y de un 15 por ciento para gastos generales, con un mecanismo de actualización bimestral atado a una fórmula que combinaba el Índice de Precios al Consumidor, la variación del tipo de cambio (paridad peso-dólar) y la variación en las tarifas de los servicios públicos.
Según un reciente reporte de la Universidad de Buenos Aires, la mayor de Argentina por caudal de alumnos y de la que egresaron los cinco Premios Nobel del país, esa casa de estudios enfrenta este año una reducción del 26 por ciento en términos nominales y del 80 por ciento en términos reales de su presupuesto para educación, salud, ciencia, técnica y hospitales universitarios.
Además, de acuerdo con datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, la inversión nacional en educación dentro del Presupuesto 2024 se contrajo un 40 por ciento este año en comparación con 2023.
En ese marco, el Gobierno argentino ha dicho que la discusión del financiamiento universitario debe realizarse cuando el Congreso trate el Presupuesto 2025, a la vez que ha enfatizado que aspira a auditar el gasto de las unidades académicas a fin de comprobar que los fondos llegan «a los estudiantes y profesores».
«El 89 por ciento de los fondos transferidos a las universidades entre el 2015 y el 2022 todavía no fueron rendidos. Los argentinos merecen saber qué se hace con la plata que aportan de su bolsillo para pagar la educación de los estudiantes. Si nada tienen que ocultar, ningún problema debería haber en que se auditen las cuentas», dijo recientemente el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
Argentina registró en septiembre una inflación interanual de un 209 por ciento tras reportar una variación mensual del 3,5 por ciento durante ese mes, informó el 10 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Según los gremios universitarios, los salarios presentan una pérdida de un 63,5 por ciento frente a la inflación.
