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Investigación por estupro y trata contra Evo Morales en Bolivia: su defensa acusó al Gobierno de Luis Arce y crece la tensión

El ex presidente boliviano Evo Morales es víctima de una “clara persecución política” ordenada por el gobierno de Luis Arce, denunció este jueves su equipo legal, apenas unas horas después de que estallara la polémica por una causa en la que se lo investiga por estupro, trata y tráfico de personas y por la que, inclusive, se emitió una orden de captura en su contra.

“Esto es una clara persecución política, es la vendetta por la grandiosa ‘Marcha para salvar Bolivia’ y hoy Evo Morales se encuentra, en cuanto a sus derechos y garantías, enormemente amenazado”, comenzó diciendo uno de sus abogados, Orlando Ceballos, que sumó que, hasta el momento, “no ha habido denuncia escrita” ni oral contra el cocalero.

El Gobierno de Arce, “autocrático” y “policial”, está utilizando “instancias judiciales y del Ministerio Público con el único propósito de la eliminación jurídica… está haciendo un uso ruin de los mecanismos coercitivos y coactivos del Estado”, apuntó a continuación. Evo “no tiene la más mínima garantía de que sus derechos sean respetados” en medio de este “viraje peligroso del Estado policial, del Gobierno policíaco, que ha utilizado a una fiscal departamental” para perseguirlo, advirtió.

Este miércoles por la noche, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció haber sido destituida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, luego de negarse a interrumpir el proceso judicial que encabezaba en contra de Morales. Precisamente, la Justicia investiga al político por el supuesto delito de “trata y tráfico de personas” que “habría ocurrido” sobre una supuesta víctima de esta provincia, a sus 15 años.

Según Gutiérrez, la información “viene de un informe de inteligencia” y representa “un delito de lesa humanidad” por lo que, ante la evidencia recopilada, emitió una orden de aprehensión contra Morales. No obstante, la víspera, “faltando una hora para su ejecución, se nos notifica con la acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz”, presentada por la defensa del acusado “para que se deje sin efecto la orden”.



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