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Kim Jong-un culpó a 30 funcionarios por la muerte de 4.000 personas en las inundaciones y ordenó que los ejecuten

Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, ordenó la ejecución de al menos 30 funcionarios por no haber evitado las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que asolaron el país en julio, según reportes de medios surcoreanos. Estas inundaciones, provocadas por lluvias intensas, resultaron en la muerte de entre 4.000 y 5.000 personas y dejaron a más de 15.000 desplazadas.

La cadena surcoreana TV Chosun informó que los funcionarios ejecutados fueron acusados de corrupción y negligencia en el cumplimiento de sus deberes. “Se ha determinado que entre 20 y 30 cuadros en el área afectada por las inundaciones fueron ejecutados simultáneamente a finales del mes pasado”, declaró el oficial del régimen al medio surcoreano.

El desastre afectó principalmente a la provincia de Chagang y a la región fronteriza con China, en la cuenca del río Yalu, donde se registraron daños significativos. Según Daily NK, las inundaciones en esta región resultaron en la muerte y desplazamiento de más de 5.000 residentes, y sumergieron más de 4.000 edificios y 3.000 hectáreas de tierras agrícolas en las ciudades de Sinuiju y Uiju.

Tras el desastre, Kim Jong-un se reunió en una sesión de emergencia con Kang Bong-hoon, secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang desde 2019, y con el Ministro de Seguridad Pública, para removerlos de sus cargos. Según un ex diplomático norcoreano, Lee Il-gyu, los funcionarios estaban tan “ansiosos que no sabían cuándo caerían sus cabezas”.

Además, Kim rechazó la ayuda internacional y ordenó que aproximadamente 15.000 personas desplazadas fueran trasladadas a la capital para recuperarse, mientras estimaba que tomaría de dos a tres meses reconstruir las áreas afectadas, según la agencia de noticias AP. También negó las afirmaciones de que miles de personas habían muerto, desestimando los informes de medios surcoreanos.

Las ejecuciones públicas no son inusuales en Corea del Norte. Antes de la pandemia de COVID-19, el país registraba un promedio de 10 ejecuciones públicas anuales, una cifra que, según Korea Times, ha aumentado exponencialmente a cerca de 100 en los últimos años. Asimismo, se ha reportado un incremento en las ejecuciones de jóvenes en un intento del régimen por disminuir la influencia surcoreana.

Corea del Norte, sin embargo, afirma que las ejecuciones públicas son raras y que la pena de muerte se aplica en contadas ocasiones.



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