Este martes 27 de agosto se desarrolló la audiencia de declaración de imputado en contra del exministro «Tuky» Bendaña, el exjuez de Letras de Lo Civil del departamento de Francisco Morazán, Carlos Octavio Rivas Sánchez y otros funcionarios acusados por fraude al Estado de Honduras por más de 224 millones de lempiras.
La audiencia se desarrolló en los tribunales en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción y un juez dictó detención judicial para los implicados en este caso.
Los abogados defensores, Félix Ávila y Doris Imelda Madrid informaron que la audiencia inicial será el 29 de agosto, además Madrid informó que su representado será llevado a un hospital y que de momento no se debe hablar de delitos de momento.
Requerimiento fiscal
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presenta requerimiento fiscal contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud y representantes de empresas mercantiles, por compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, que resultó en un fraude al Estado de Honduras por más de doscientos veinticuatro millones de lempiras (L.224,994,921.30).
Los acusados: Arturo Bendaña Pinel (exministro de Salud), Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, Reynaldo Leiva Suazo y Carlos Octavio Rivas Sánchez. Se les imputan delitos como fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
Según las investigaciones, entre 2010 y 2012, exfuncionarios y empresarios sin escrúpulos utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada «extrafinanciamiento» (como si se tratara de la adquisición de tarjetas de crédito) para cometer delitos en contra de la salud del pueblo hondureño.
El requerimiento indica, además, que parte del monto defraudado fue facilitado por el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez, mediante resoluciones a favor de las empresas tras demandas forzadas contra el Estado, respaldada por actas falsas e informes amañados.
El plan orquestado por esta red corrupta que hoy expone el MP, privó a miles de hondureños de medicamentos y suministros médicos. Compatriotas obligados a viajar largas distancias con recursos económicos limitados enfrentaron la cruda realidad de escasez de insumos en los centros hospitalarios; regresando a sus hogares decepcionados, traicionados y abandonados por un sistema sanitario que en vez de protegerlos los condenó en muchos casos a la muerte.
