Los acusados: Arturo Bendaña Pinel (exministro de Salud), Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, Reynaldo Leiva Suazo y Carlos Octavio Rivas Sánchez.
Se les imputan delitos como fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
Según las investigaciones, entre 2010 y 2012, exfuncionarios y empresarios sin escrúpulos utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada «extrafinanciamiento» (como si se tratara de la adquisición de tarjetas de crédito) para cometer delitos en contra de la salud del pueblo hondureño. El requerimiento indica, además, que parte del monto defraudado fue facilitado por el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez, mediante resoluciones a favor de las empresas tras demandas forzadas contra el Estado, respaldada por actas falsas e informes amañados.
El plan orquestado por esta red corrupta que hoy expone el MP, privó a miles de hondureños de medicamentos y suministros médicos. Compatriotas obligados a viajar largas distancias con recursos económicos limitados enfrentaron la cruda realidad de escasez de insumos en los centros hospitalarios; regresando a sus hogares decepcionados, traicionados y abandonados por un sistema sanitario que en vez de protegerlos los condenó en muchos casos a la muerte.
