El nombre de Arturo «Tuky» Bendaña Pinel, es más que conocido en Honduras. Incursionó en la vida pública a través del fútbol como presidente del equipo Marathón de San Pedro Sula con quien se coronó campeón en el año 2002, luego de una sequía de 17 años sin ganar títulos en Liga Nacional.
Nacido en la capital industrial, «Tuky» es médico ginecólogo obstetra, propietario de una prestigiosa clínica, y tras su faceta como dirigente deportivo, incursionó en política con el Partido Nacional de Honduras (PNH) como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula.
Fue diputado del Congreso Nacional y Secretario de Salud en el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). En su rol, Bendaña supervisó el sistema de salud nacional, incluyendo la adquisición de medicamentos y equipos médicos esenciales para el bienestar de los hondureños.
Su exitosa carrera profesional y política se vio empañada al ser vinculado con actos de corrupción en su faceta como funcionario público.
En febrero de 2013, el Ministerio Público (MP) acusó a Arturo Bendaña por fraude y abuso de autoridad en la compra de medicamentos por 457 millones 596 mil 450.13 lempiras.
En 2014, como miembro de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fue acusado en el desfalco y latrocinio de dicha institución por más de 600 mil millones de lempiras, sin embargo, «Tuky» logró llevar el proceso legal en libertad y no pisó la cárcel.
«Desfalco inhumano»
Bendaña permanecía alejado de la vida pública, hasta ayer lunes 26 de agosto, cuando sorpresivamente se dio a conocer su captura en su residencia en San Pedro Sula, acusado de otro millonario fraude en la compra irregular de medicamentos.
El exministro de Salud, es acusado de un fraude contra el Estado de Honduras por 224,994,921.30 millones de lempiras en la compra irregular de medicamentos, equipo quirúrgico y de laboratorio.
Junto a “Tuky” Bendaña, el MP presentó un requerimiento fiscal contra Bendaña Pinel y ocho personas más identificadas por Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, Reynaldo Leiva Suazo y Carlos Octavio Rivas Sánchez.
A los involucrados se les acusa de delitos como fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, entre 2010 y 2012, exfuncionarios de Salud y empresarios utilizaron presuntamente contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada “extrafinanciamiento”, como las que se utilizan en las tarjetas de crédito, para cometer delitos en contra del sistema de salud.
Además, el MP denunció que el monto defraudado fue facilitado por el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez, mediante resoluciones a favor de las empresas tras demandas forzadas contra el Estado, supuestamente con el uso de actas falsas e informes amañados.
A raíz de este acto de corrupción, miles de hondureños se vieron afectados por la escasez de insumos en los centros hospitalarios.
