Autoridades de la Asociación para una Sociedad más Justa, detallan a través de un informe que, a un año de la matanza de 46 reclusas, “El Estado aún no ha resarcido el daño”.
Aseveran que ocho personas enjuiciadas no son las únicas responsables, por lo que instan a solventar la inseguridad a lo interno de los centros penitenciarios.
Celebran que exista un programa de prevención, rehabilitación y reinserción social; sin embargo, se requiere que haya una clasificación adecuada entre los reclusos de acorde al grado de peligrosidad que representan.
EL INFORME:
A UN AÑO DE LA MASACRE DE 46 MUJERES EN PNFAS, EL ESTADO HONDUREÑO AÚN NO HA RESARCIDO EL DAÑO NI GARANTIZADO JUSTICIA PARA FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS.
Aunque ocho personas han sido judicializadas, aún no hay resultados en la investigación sobre la responsabilidad de funcionarios y custodios en la masacre.
Familiares de las víctimas solicitarán a la PGR que los represente para ejercer la acción civil ante el Estado e instar al Ministerio Público a que amplíe la investigación.
Tegucigalpa, 20 de junio de 2024.
El 20 de junio de 2023, a las 8:02 a. m., 46 mujeres murieron masacradas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) a manos de mujeres armadas con pistolas, combustible y otro armamento. Hoy, un año después, los familiares de las víctimas aún esperan respuestas del Estado como encargado de garantizar la seguridad de las privadas de libertad y sigue siendo urgente la necesidad de reformas y el fortalecimiento al sistema penitenciario, señaló este jueves la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
A la fecha, ocho de las reclusas que según las autoridades participaron en la masacre han sido sometidas a procesos judiciales y algunas de las familias de las víctimas recibieron una ayuda de L 50 mil para gastos fúnebres; sin embargo, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional recalcó que aún está pendiente la investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios encargados de la seguridad y administración de la PNFAS, que permitieron el acceso de combustible, armas, municiones y teléfonos celulares para facilitar el trágico hecho.
ASJ recalcó que la masacre de las 46 mujeres evidenció la debilidad del sistema penitenciario hondureño, por la que más de 500 personas han fallecido bajo custodia del Estado hondureño, mientras la lucha de poder entre estructuras criminales y la falta de fortalecimiento del sistema han contribuido a un ambiente de constante peligro y caos.
Además, cuestionó la falta de protocolos para enfrentar hechos como el ocurrido hace un año y el resarcimiento de daños, así como el debilitamiento del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP Conaprev), falta de apoyo al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) e inacción de la Secretaría de Derechos Humanos.
De igual forma, ASJ recomendó la creación de una procuración penitenciaria, un brazo investigativo científico de las muertes y violaciones de derechos humanos en contra de los privados de libertad, que ha dado buenos resultados en otros países.
Familiares piden representación de la PGR En conjunto con la Junta Local de Prevención contra la Tortura y la plataforma de organizaciones de sociedad civil «20 de Junio», familiares de las víctimas de la masacre en la PNFAS solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) ejercer la acción civil en su representación, ya que por razones económicas no están en condiciones de interponer una demanda contra el Estado, tal como lo establece el artículo 51 del Código Procesal Penal hondureño.
Los familiares de las víctimas solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la asignación de becas de estudio para los menores de edad huérfanos a raíz de la tragedia y al Ministerio Público una investigación exhaustiva y amplia, que incluya a funcionarios y custodios que se vieron involucrados de acuerdo con informes de las autoridades de seguridad.
