De acuerdo con un informe presentado este martes por autoridades de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) el flajelo de la ‘extorsión’ ha aumentado pese a 532 días bajo Estado de Excepción.
A continuación, el informe…
Desde la declaratoria del estado de excepción realizada por el gobierno hondureño con el objetivo de combatir la extorsión han transcurrido 532 días, con resultados escasos y denuncias de violaciones a los derechos humanos, sin que se cumplan requisitos establecidos en la Constitución de la República para el mantenimiento de la medida, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (As.).
El Plan para el tratamiento de la extorsión lanzado en noviembre de 2022 establecía la suspensión de derechos constitucionales como parte del combate frontal al flagelo que representa una amenaza a la seguridad pública. La Constitución de la República establece que la disposición puede extenderse por un máximo de 45 días; sin embargo, el decreto ha sido prorrogado por el Poder Ejecutivo en ocho ocasiones y ampliado a 17 de 18 departamentos del país, mientras la extorsión sigue manteniendo de rodillas a 283,952 hogares hondureños.
Si bien organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), el Comité contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación ante la medida que se ha mantenido por 14 meses, alerta particularmente que apenas uno de los 12 decretos para la instauración del estado de excepción cumplió en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la Constitución de la República.
«Nos gustaría saber más a fondo cuáles son las razones que han llevado a las continuas prórrogas, ¿por qué se ha tenido que prorrogar?, ¿no ha sido suficiente?, ¿cuáles son los resultados?, ¿funciona o no funciona?», cuestionó Claude Heller, presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
Y aunque el estado de excepción surgió para frenar la extorsión, esta llegó a su nivel más alto de los últimos cinco años. En noviembre de 2023, 11.1% de los hogares hondureños eran víctimas de extorsión y los departamentos más afectados eran: Cortés (16%), La Paz (15%), Colón (14%), Yoro (14%) y Francisco Morazán (13%).
Los resultados de una encuesta realizada por Le Vote para ASJ indican que sólo 48% de la población cree que con el plan se reducirá la extorsión. Llama la atención que 72% desconocía la instauración del estado de excepción y sólo 33% está de acuerdo con la medida. Además, 75% dijo sentirse igual o menos seguro que antes de declarada la medida.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, 464 (1.4%) de 32,288 detenciones realizadas desde la declaración del estado de excepción y 503 (4.8%) de 10,300 órdenes de captura ejecutadas fueron por extorsión.
Por otro lado, según datos de la OACNUDH, durante 2023 se reportaron presuntas violaciones a los derechos humanos que incluyen: siete casos que podrían constituir desapariciones forzadas, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, y un caso de violencia sexual.
«La OACNUDH expresó su preocupación por las detenciones ilegales, el uso excesivo de la fuerza y los abusos cometidos durante los registros domiciliarios sin orden judicial cometidos en el contexto del estado de excepción. La violencia y la extorsión persistieron en niveles elevados debido a competencia entre las pandillas», apunta el Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch.
A raíz de los resultados de la medida, ASJ insta al gobierno a reevaluar las medidas implementadas con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la población hondureña. Es necesario redefinir la estrategia para atacar este flagelo mediante el diseño de un plan antiextorsión integral.
Además, se exhorta a las organizaciones de sociedad civil, que en el pasado han sido beligerantes en la defensa de los derechos humanos, a sumarse a esta petición y demandar al Estado de Honduras el respeto de las garantías constitucionales y en particular a la presidenta Xiomara Castro, mantener su promesa de la defensa irrestricta de los derechos humanos fundamentales.
