El gobierno de Estados Unidos va a acelerar el proceso de denegación de asilo y deportación de aquellas personas que considere que representan una amenaza para el país, explicaron el jueves funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en una llamada con los periodistas.
«Estas acciones, lamentablemente, permitirán que las prohibiciones obligatorias de asilo relacionadas con la seguridad se apliquen mucho antes en el proceso de lo que se aplican actualmente», señaló un alto funcionario de DHS.
Las acciones permitirían «expulsar a las personas que representan una amenaza a la seguridad nacional o pública mucho antes en el proceso de lo que podemos hacerlo hoy», agregó. Se estima que la regla sea publicada el venidero 13 de mayo y que su implementación total esté lista para finales del año 2024.
La nueva regla permitiría eliminar a aquellos individuos sobre los que el gobierno de EEUU tiene información “que los vincula con el terrorismo u otros problemas graves de seguridad pública”, lo que ofrece la posibilidad de expulsarlos solo en días y no en un periodo más largo como ocurre actualmente.
Un funcionario enfatizó que la nueva reglamentación que será expuesta a comentarios durante un mes “no cambia la elegibilidad para asilo de nadie”.
Las nuevas medidas no ralentizarían el tiempo para entrevistar a los solicitantes.
“Lo que hará esta regla es permitirles que cuando tengamos información clara que obviamente descalifique a alguien para el asilo o la suspensión de la expulsión porque es una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, consideren esa información lo más temprano posible en el proceso. Por eso no creemos que vaya a aumentar realmente el tiempo que lleva entrevistar a alguien de manera significativa”, informó.
Según datos ofrecidos por DHS, EEUU han expulsado o devuelto a más no ciudadanos que en cada año fiscal desde 2011, esto, incluidas más de 720.000 personas desde el 12 de mayo de 2023 cuando fue suspendido el Título 42, una emergencia sanitaria de salud pública aplicada desde el inicio de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020.
“Es importante que todos entiendan que esto realmente solo se aplica a personas que tienen antecedentes penales graves o que están vinculados a actividades terroristas y eso es inherentemente una pequeña fracción de las personas que encontramos o entrevistamos en un día determinado”, aclaró uno de los funcionarios.
