El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas recibió el alta médica el martes y retornó a la prisión donde se encontraba en la ciudad portuaria de Guayaquil, informó la Secretaría Nacional de Atención a Privados de la Libertad.
Glas, sentenciado por corrupción y requerido por la justicia en otro caso por el mismo delito, fue detenido el viernes tras una incursión policial a la embajada de México en la capital ecuatoriana, donde estaba refugiado, lo que provocó que ese país rompa relaciones diplomáticas y se apreste a denunciar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.
El hecho se produjo tras una secuencia de tensiones que se agudizaron luego de que México decidió darle el asilo político a Glas.
La Secretaría Nacional de Atención a Privados de la Libertad, a cargo de las cárceles en Ecuador, indicó que el exvicepresidente reingresó a la cárcel. Poco antes había dicho que Glas estuvo en observación en el hospital Naval de Guayaquil y de acuerdo con las evaluaciones médicas presentaba «parámetros de salud aceptables y dentro del rango de normalidad”.
El expresidente Rafael Correa (2007-2017), en una rueda de prensa ofrecida en Europa, convocó a los países de ese continente y del mundo a realizar “las presiones políticas, judiciales, que sean necesarias” para que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa conceda el salvoconducto que permita salir del país a Glas y acotó que “esto no va a parar con una simple llamada de atención”.
Glas, de 54 años, fue trasladado al hospital el lunes tras sufrir una descompensación porque se negó a ingerir alimentos durante el domingo, según la secretaría. Sin embargo, su abogado defensor Andrés Villegas aseveró que su cliente ingresó por una sobredosis de medicinas.
Glas ocupó la vicepresidencia entre 2013 y 2017 durante el gobierno de Correa, tras lo cual fue procesado por la justicia y recibió dos sentencias por corrupción: una de seis años de prisión por el caso Odebrecht y otra de ocho años por recibir sobornos a cambio de autorizar obras públicas.
A inicios de este año la justicia lo requirió nuevamente en un caso de presunta malversación de fondos destinados a la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por un potente terremoto en 2016.
