El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un decreto a través del cual reconoce la persistencia de un «conflicto armado interno» en el país y mantiene la participación de los militares en actividades de control de la seguridad interna de la nación.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó sobre el decreto al filo de la medianoche del domingo, pocos minutos antes de que terminara el estado de excepción, que regía en el país desde el 8 enero pasado para tratar de controlar los niveles de inseguridad en el país.
Entre las disposiciones de Noboa a los militares en el marco de este «conflicto armado interno» contra las bandas criminales, figura el ejecutar operaciones militares para «prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional».
En este precepto se dispuso a continuar con el despliegue operacional y táctico de la Policía y Fuerzas Armadas. Este es requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas. Asimismo, dispuso la coordinación necesaria para establecer una programación presupuestaria plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otros
Además, Noboa declaró a los centros de privación de libertad como zonas de seguridad, tal como lo hizo ya el pasado 7 de marzo, cuando extendió por 30 días el estado de excepción. De acuerdo con el Ejecutivo, estas decisiones permitirán que el Gobierno, con el apoyo las fuerzas del orden, continúe desplegando acciones prioritarias para velar por la seguridad y el bienestar ciudadano.
Inicio de año violento
El pasado 8 de enero, Noboa, que no llevaba ni dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por sesenta días tras una serie atentados y acciones violentas de las bandas criminales. Estas se acrecentaron al día siguiente con el asalto por parte de un grupo de encapuchados armados al canal TC Televisión durante una emisión en directo. Ese día el líder del Ejecutivo declaró el «conflicto armado interno» contra 22 bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».
Al mismo tiempo se sucedieron una serie de motines simultáneos en diferentes cárceles de las que se fugaron cerca de 90 presos y donde unos 200 guardias y policías permanecieron secuestrados durante cerca de una semana. Días antes, además, se había fugado el narcotraficante José Adolfo Macías Salazar (‘Fito’), líder de Los Choneros, considerada una de las bandas más peligrosas del país, con presuntos nexos con carteles mexicanos.
Estos episodios se sucedieron cuando el Gobierno se disponía a acrecentar acciones de su plan de seguridad, denominado Fénix, para recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por bandas criminales, cuya rivalidad ha dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
