El expresidente Donald Trump depositó este lunes una fianza de $175 millones en su caso de fraude civil en Nueva York, con lo que pausó el cobro de los más de $454 millones que debe e impidió que el estado embargue sus bienes, mientras busca una apelación.
Una corte de apelaciones de Nueva York había dado a Trump 10 días para depositar el dinero después de que un panel de jueces acordara el mes pasado recortar la cantidad necesaria para la fianza.
El pago que Trump ha depositado en la corte es esencialmente una garantía en caso de que se confirme la sentencia. Si eso ocurre, el republicano tendrá que pagar al estado toda la suma, que crece con intereses diarios. Si Trump gana no tendrá que pagar nada y recuperará el dinero que ha depositado este lunes.
Sin la ayuda de la corte de apelaciones que intervino para rebajar la fianza exigida, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, hubiera iniciado gestiones para cobrar la sentencia, posiblemente embargando algunas de las propiedades marquesinas de Trump.
James, demócrata, presentó la demanda en nombre del Estado. Su oficina declinó hacer comentarios el lunes.
La corte de apelaciones se pronunció después de que los abogados de Trump se quejaran de que era «prácticamente imposible» conseguir que un asegurador firmara una fianza por los $454 millones, más intereses.
La compañía que cubrió la fianza es Knight Specialty Insurance, que forma parte de Knight Insurance Group.
El caso de fraude civil de Trump en Nueva York
Trump lucha por anular la sentencia dictada el 16 de febrero donde un juez lo acusó de mentir sobre su riqueza mientras formaba el imperio inmobiliario que lo lanzó al estrellato y a la presidencia.
El juicio se centró en cómo las empresas del expresidente inflaron el valor de los activos de Trump en los estados financieros que presentaban a banqueros y aseguradoras para obtener préstamos y acuerdos con mejores condiciones y sumas más generosas.
Trump niega haber cometido delito alguno, alegando que las declaraciones en realidad infravaloraban su fortuna, iban acompañadas de cláusulas de exención de responsabilidad y no fueron tomadas al pie de la letra por las instituciones que le concedieron préstamos o lo aseguraron.
La corte de apelaciones estatal ha dicho que escuchará los argumentos en septiembre. No se ha fijado una fecha concreta. Si el calendario se mantiene, caerá en las últimas semanas de la carrera presidencial.
