Dos jueces de alto tribunal, Victoria Sharp y Adam Johnson, determinaron que Assange tiene «un caso defendible» y concedieron a sus abogados una nueva oportunidad para defender su derecho a apelar la extradición. El tribunal ha concedido entre tanto un plazo de tres semanas a la fiscalía norteamericana para presentar nuevas «garantías».
Entre ellas, el respeto a la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana (que garantiza la libertad de expresión), la condición de no ver disminuidos sus derechos por ser ciudadano australiano y la aseguración de que no sería castigado por la pena de muerte si llega a ser condenado.
La justicia estadounidense lo reclama por la publicación desde 2010 de más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país, particularmente en Irak y Afganistán.
Entre ellos se encuentra un video que muestra a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007.
Assange fue arrestado por la policía británica en 2019 tras pasar siete años en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia en una investigación por violación, desestimada en 2019.
Deterioro de la salud
Numerosas voces pidieron al presidente estadounidense, Joe Biden, que retire los 18 cargos impuestos contra Assange durante el primer mandato de Donald Trump en virtud de una ley sobre espionaje de 1917.
En las últimas semanas, los familiares y allegados de Assange, recluido durante cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, han alertado del deterioro de su salud.
Su defensa también adviertió el riesgo de suicidio en caso de extradición.
El australiano se ausentó por razones médicas de las audiencias de febrero, a las que acudieron decenas de simpatizantes para expresarle su apoyo.
Durante esos dos días de debates, sus abogados argumentaron que este proceso en su contra es “político” y que una extradición pondría en peligro su salud e incluso su vida.
La abogada Clair Dobbin, que representa al gobierno estadounidense, argumentó por su parte que Assange había publicado “indiscriminadamente y a sabiendas los nombres de personas que servían como fuentes de información para Estados Unidos”.
“Son estos hechos los que lo distinguen [de otros medios de comunicación] y no sus opiniones políticas”, argumentó.
