El gobierno de México dijo el martes que no aceptará el retorno de migrantes que reciban órdenes de Texas de abandonar Estados Unidos después de que la Corte Suprema estadounidense permitó al estado aplicar una nueva ley de inmigración firmada por el gobernador republicano Greg Abbott.
La Corte Suprema de Estados Unidos, en una votación dividida, aprobó el martes levantar la suspensión a una ley de Texas que le da a la policía amplios poderes de arrestar a migrantes sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente, mientras la sigue batalla legal sobre la inmigración.
La ley le permite a cualquier policía de Texas arrestar a migrantes por entrada ilegal al país. Un juez podría entonces ordenar la salida de los migrantes.
Texas ha argumentado que tiene derecho a tomar acción por lo que las autoridades del estado califican de una crisis en la frontera.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que “no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”.
La administración había pedido a los jueces que congelaran una orden judicial que permitía la entrada en vigor de la ley de Texas mientras el gobierno de Estados Unidos impugna el estatuto en tribunales inferiores. Washington argumenta que la ley viola la Constitución y la ley federal al interferir con el poder del gobierno central para regular la inmigración.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el pasado diciembre la ley, conocida como SB 4, por la que se autoriza a las fuerzas del orden estatales a detener a las personas sospechosas de entrar ilegalmente en Estados Unidos, otorgando a los funcionarios locales poderes delegados durante mucho tiempo al Gobierno estadounidense.
Abbott dijo que la normativa era necesaria debido a la incapacidad del presidente para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada o reentrada ilegal. En una conferencia de prensa el 18 de diciembre afirmó que «la inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte».
La jueza Sonia Sotomayor, en una disidencia a la que se unió la también jueza liberal Ketanji Brown Jackson, dijo que el fallo de la Corte Suprema invitaría a «más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración». La magistrada liberal Elena Kagan escribió una argumentación particular en contra.
La gestión del mandatario demócrata, con cifras récord de inmigrantes arrestados tras cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, ha suscitado duras críticas de los republicanos.
Abbott y otros miembros del partido han dicho que Biden debería haber mantenido las políticas restrictivas del expresidente Donald Trump, el candidato que desafía al actual gobernante en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre.
La ley de Texas convirtió en delito estatal la entrada o reentrada ilegal en ese territorio, con penas que van de 180 días de cárcel a 20 años de prisión. En virtud de ella, los jueces estatales de primera instancia deberán ordenar a los migrantes que regresen a México, con penas de hasta dos décadas para quienes se nieguen a cumplirla.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett presentó una opinión concurrente en la decisión del martes, explicando que se estaba pidiendo a los jueces que revocaran la «suspensión administrativa» de una decisión judicial de un tribunal de apelaciones inferior que bloqueaba la ley, una medida que se supone que es de corta duración.
«Que yo sepa, este tribunal nunca ha revisado la decisión de un tribunal de apelación de decretar -o no- una suspensión administrativa. Yo no entraría en ese asunto», escribió Barrett, a quien se unió el juez conservador Brett Kavanaugh.
El Departamento de Justicia presentó una demanda en enero para bloquear la medida, que en principio iba a entrar en vigor el 5 de marzo.
Los abogados del gobierno de Biden argumentaron que viola la ley federal y las disposiciones constitucionales que otorgan al gobierno de Estados Unidos el poder de regular el comercio con el extranjero y entre los estados, y va en contra de un precedente de la Corte Suprema de 2012.
Texas ha puesto en marcha una serie de medidas para disuadir a las personas que cruzan ilegalmente en el marco de su Operación Estrella Solitaria, entre ellas el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera, el bloqueo de los migrantes con alambre de concertina y la instalación de una barrera flotante sobre un tramo del Río Grande.
En febrero, los republicanos echaron por tierra un acuerdo bipartidista del Senado que habría reforzado la seguridad fronteriza y endurecido las leyes de inmigración, después de que Trump presionó a miembros de su partido para que lo rechazaran.
Biden dijo que la culpa del fracaso del proyecto de ley fue de los legisladores republicanos que cedieron a la presión política de Trump que «cree que es malo para él políticamente».
Un análisis de encuestas a pie de urna de Edison Research tras la votación de las elecciones primarias a principios de marzo mostró alarma entre muchos votantes por la situación en la frontera. Muchos lo calificaron como su principal tema de voto.
