La normativa, conocida como SB4, autoriza a la policía local y estatal arrestar y procesar a quienes sean sospechosos de cruzar irregularmente la frontera desde México.
La Corte Suprema decidió este martes que la SB4 puede entrar en vigor mientras un tribunal federal inferior de apelaciones evalúa su legalidad.
El gobierno del presidente Joe Biden argumenta que la ley de Texas viola la Constitución y las leyes federales, al interferir con la potestad del gobierno de Washington para regular la migración.
Y es que la aplicación de las leyes de inmigración (incluidos los arrestos) están generalmente a cargo del gobierno federal. La SB4 ahora otorga ese poder a los funcionarios de Texas, permitiéndoles procesar a los migrantes y ordenar su regreso a México.
La decisión de la Corte Suprema se produce un día después de que fuera bloqueada por el mismo tribunal, mientras avanzaban las apelaciones de emergencia.
Hasta 20 años de cárcel
Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, las tres juezas liberales del Tribunal Supremo, discreparon con la de decisión.
«El tribunal da una luz verde que alterará el antiguo equilibrio de poder federal-estatal y sembrará el caos», escribió Sotomayor.
La ley podría «perturbar las delicadas relaciones exteriores, frustrar la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizar los esfuerzos federales de aplicación de la ley y evitar que los migrantes denuncien abusos o trata», añadió.
La SB4 otorga a los agentes de policía locales y estatales la capacidad de detener y arrestar a cualquier persona sospechosa de haber cruzado la frontera irregularmente, excepto en escuelas, hospitales y lugares de culto.
La ley contempla desde delitos menores hasta delitos graves, que pueden ser castigados con multas que pueden llegar a US$2.000 o condenas de hasta 20 años de prisión.
La máxima pena se estipula para quienes reingresen irregularmente a Texas después de haber sido deportados, dependiendo de los antecedentes penales y migratorios de la persona.
La SB4 se convirtió en ley en diciembre e inicialmente debía entrar en vigor el 5 de marzo.
Cuando firmó la ley, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que era necesaria debido a la incapacidad del gobierno de Biden para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada irregular al país.
“La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte», aseguró.
La normativa ha sido rechazada por organizaciones de defensa de derechos humanos, que advierten que podría ser usada como un instrumento de discriminación, y también por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por considerarla «antiinmigrante».
