Un juez federal impidió que el estado de Washington aplique la mayor parte de una ley destinada a reforzar la supervisión y mejorar las condiciones de vida en el único centro de detención de inmigrantes del Estado gestionado de forma privada y con ánimo de lucro.
La decisión adoptada el viernes por el juez de distrito Benjamin Settle beneficiará a Geo Group, propietario del Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Noroeste, en Tacoma.
El centro cuenta con unas 1.575 camas y se encuentra entre las mayores instalaciones de este tipo del país.
La ley de Washington exigía a los operadores de centros de detención privados que limpiaran y desinfectaran periódicamente las zonas de estar; que proporcionaran a los detenidos artículos de higiene personal como jabón, cepillos de dientes y pasta dentífrica sin coste alguno; y que ofrecieran dietas nutritivas y equilibradas.
La ley también permitía a los funcionarios estatales realizar inspecciones sin previo aviso, otorgaba a los detenidos el derecho a interponer demandas por las condiciones de detención y preveía multas civiles de 1.000 dólares por infracción y día.
Geo demandó al gobernador Jay Inslee y al fiscal general Bob Ferguson el pasado mes de julio, dos meses después de la entrada en vigor de la ley, alegando que estaba siendo discriminada mientras que Washington se libraba de una supervisión más estricta de los centros estatales.
En un fallo de 64 páginas, Settle afirmó que la ley «discrimina de forma inadmisible a Geo» al imponer mayores requisitos a los contratistas federales, como la empresa con sede en Boca Ratón, Florida, que a los estatales en situación similar.
A pesar del interés de Washington en proteger la salud y la seguridad públicas, «el tribunal no permitirá que el Estado aplique leyes inconstitucionales para tratar de resolver las preocupaciones de política pública que dieron lugar a esas leyes», escribió el juez.
