Mientras Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Donald Trump, su más que probable rival en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, viajaron este jueves a la frontera con México, haciendo así de la migración el eje central de sus respectivas campañas, un juez de la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas suspendió la entrada en vigor de una polémica ley de ese estado que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes con solo la mera sospecha de que han entrado de forma irregular en el país.
La controvertida ley, cuya entrada en vigor estaba prevista para el próximo lunes, es una de las medidas más drásticas y severas contra la migración en la historia de Estados Unidos. Sus críticos advierten de que la ley conducirá directamente a la discriminación racial, en especial contra los hispanos.
Tras conocer el fallo, Greg Abbot, gobernador republicano de Texas y principal impulsor de la medida, anunció que apelará de inmediato la decisión judicial. «Texas tiene derecho a defenderse debido al continuo incumplimiento por parte del presidente (Joe) Biden de su deber de proteger a nuestro estado de la invasión en nuestra frontera sur», dijo en un comunicado Abbot.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la organización que interpuso la demanda en diciembre pasado contra la ley, cuando estaba a punto de ser aprobada, sostiene que la ley es inconstitucional porque viola la supremacía de la ley federal, que regula la inmigración en Estados Unidos, sobre las medidas aprobadas por un estado.
La ley que quiere aprobar Texas permite a los tribunales texanos ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de Policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal federal «confirma» la ilegalidad de la medida.
Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, otra de las organizaciones demandantes, subrayó que «la única manera de arreglar nuestro fallido sistema de inmigración es a través de la acción del Congreso federal, no de la acción estatal individual».
Biden y Trump se centran en la migración
La decisión temporal emitida por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas se da justo cuando el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, por separado, llegaron este jueves a la frontera sur de ese estado para avanzar sus campañas electorales en torno a la inmigración.
Biden se reunió con miembros de la Patrulla Fronteriza y las autoridades y líderes locales en Brownsville, mientras, Trump esuvo a 500 kilómetros al noreste en Eagle Pass, donde Abbott, ha instaurado varias medidas que retan el poder federal sobre inmigración.
Corporaciones locales como la de la localidad de El Paso que participó en la demanda. Iliana Holguín, comisionada (concejal) de ese condado aplaudió en un comunicado la decisión de la corte y dijo que la ley «impondría una carga indebida a los contribuyentes locales, al tiempo que abriría la puerta a posibles violaciones de los derechos civiles de los residentes fronterizos».
Por su parte, Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la más antigua organización hispana en Estados Unidos dijo en un comunicado que «Abbott y otros políticos de derecha deben dejar de desperdiciar millones de dólares de los contribuyentes de Texas y mentirles a los tejanos diciendo que en realidad están deteniendo a los inmigrantes».
García acusó a los líderes republicanos de ser «cómplices de los traficantes» de migrantes al enviar a los recién llegados a otras ciudades de Estados Unidos y no trabajar en un plan de inmigración bipartidista para resolver la crisis humanitaria en la frontera.
