El expresidente de Argentina Alberto Fernández ya está siendo investigado formalmente por supuestas irregularidades en la contratación de un bróker y de empresas privadas para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su Gobierno.
La causa, en manos del juez federal Julián Ercolini, fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien requirió las primeras medidas de prueba según se detalle en el requerimiento de instrucción.
Los investigados, además del exjefe de Estado, son en principio el extitular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y el bróker Héctor Martínez Sosa, que según la denuncia está casado con María Cantero, secretaria de Fernández. El exmandatario aseguró que la denuncia es «falsa», que se trata de «una operación» en su contra y resaltó que, durante su mandato, no hizo «negocios con nadie».
El esquema de las supuestas operaciones entre aseguradoras privadas y la Administración de Fernández fue investigado por el economista cordobés Osvaldo Giordano, titular de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina) en los primeros dos meses de la gestión Milei, expulsado de ese organismo después de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de la Ley Ómnibus.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen «presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021», detalló el fiscal. «A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública Nación Seguros SA.
En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fue revelada a través de una publicación periodística titulada ‘Destapan otra caja negra de la política en ANSES‘», publicada por Clarín.
En el artículo se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES, que resultó beneficiado con una comisión del 17%, que habría sido tres veces mayor a la del mercado, y estimó las ganancias por comisiones en 300 millones de euros mensuales.
De esa publicación surgía también de que Martínez Torres y Pablo Torres García, empresario y bróker financiero, habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia, «también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario», según el fiscal.
Al impulsar la investigación, González le pidió al juez Ercolini que solicitase a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aportasen los «antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021».
También señaló que «puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios».
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede «aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede desvelar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones», indicó González en su dictamen.
El fiscal también requirió que «se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante».
Alberto Fernández rechazó las acusaciones en su contra y pidió que «se investigue» para que la Justicia pueda corroborarlo. «Si se investiga se van a dar cuenta de la mentira del diario Clarín«, dijo. Aseguró que durante su mandato no hizo «negocios con nadie» y que «lo único» que se llevó del Estado fue «el enorme honor de ser presidente de los argentinos».
Según Fernández, el decreto en cuestión buscaba «terminar con el negocio de los seguros en el Estado». El expresidente, además, subraya que «todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación Seguros y que esto se hace de forma directa sin intermediarios». Y añadió: «De ese modo terminé con el negocio que podía hacer alguno, esto no es un acto de corrupción -se defendió-, es todo falso.»
