Medio centenar de activistas y opositores se concentraron este martes frente a la Embajada de España en Caracas para pedir la liberación inmediata y plena de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida hace 11 días y acusada por la Fiscalía de estar presuntamente vinculada con un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
«Queremos que se cumpla el debido proceso para Rocío San Miguel, queremos su libertad plena», dijo Lexys Rendón, coordinadora del ‘Laboratorio de Paz’ e integrante de la ‘Red Latinoamericana Antimilitarista’.
La activista, que aseguró que San Miguel no ha podido ver a sus abogados desde que fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la capital, agradeció el trabajo de acompañamiento que ha hecho la Embajada en este caso y le pidió «que intercedan por Rocío», quien es residente y natural de Venezuela y con nacionalidad española.
«Estamos en este momento urgiendo para que estas labores que está haciendo la comunidad internacional y los países del mundo se mantengan para que Rocío, en la inmediatez, pueda ver a sus abogados, pueda establecer la juramentación de ese acompañamiento legal y que no siga transcurriendo horas en las que ella está en absoluta indefensión», sostuvo.
El coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, recordó que San Miguel cuenta con medidas cautelares de protección dictadas por el sistema interamericano, por lo que su detención -subrayó- muestra «el estado de vulnerabilidad que queda para el resto de los ciudadanos».
«Es importante recalcar el llamado a la solidaridad internacional y a la comunidad internacional. Lo que ha ocurrido no ocurre en un gobierno democrático», aseveró Murillo, quien cree que los «riesgos han aumentado en Venezuela» para todos los ciudadanos desde el día del arresto de la coordinadora de la ONG Control Ciudadano, dedicada al seguimiento de la actividad militar.
En la protesta, participaron exdiputados opositores -miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición antichavista- que consideran «inconstitucional e injusta» esta detención, que ha sido repudiada por numerosas organizaciones internacionales.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo este lunes que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.
En una conferencia de prensa, Saab aseguró que, durante el allanamiento de la residencia de San Miguel, efectuado el pasado 14 de febrero, se encontraron mapas, teléfonos, agendas y computadoras que prueban que «entregó información sensible» a «potencias extranjeras» en «reuniones secretas» sostenidas en Venezuela, en la UE y en Estados Unidos, con representantes diplomáticos y con militares extranjeros.
